Una denuncia generó un fuerte cimbronazo en los pasillos de los tribunales de Resistencia. Los abogados Miguel Ángel Barceló y Macarena Barceló Fogar solicitaron un habeas corpus preventivo contra el titular del Juzgado de Garantías N° 1, Franco Luciano Javier Roy, a quien acusan de persecución, espionaje ilegal y abuso de poder tras una polémica sentencia.
La polémica estalló tras la publicación de los fundamentos de un fallo dictado el pasado 13 de febrero. Según los denunciantes, en dicho documento el juez Roy habría consignado una frase que encendió todas las alarmas en el foro local: los derechos constitucionales de los doctores Barceló estarían "legalmente postergados".
Para los letrados, esto no es solo un tecnicismo, sino el reconocimiento de una vigilancia estatal sin causa justificada. La doctora Barceló Fogar fue contundente tras presentar una nota ante el juzgado y el Superior Tribunal de Justicia.
Según indicó a medios locales, la sentencia del magistrado clarificó las sospechas que el equipo legal mantenía sobre la seguridad de sus dispositivos. "Ya sabemos quién es el responsable de los fallos tecnológicos en nuestros teléfonos", disparó la abogada, exigiendo que se aclare bajo qué figura legal se los investiga, dado que no existe imputación formal ni citación a indagatoria en proceso alguno.
Por su parte, el doctor Miguel Barceló calificó el accionar de Roy como una muestra de autoritarismo sin precedentes en la democracia actual:
- Abuso de poder: acusan al magistrado de arrogarse la "suma del poder público".
- Violación de garantías: denuncian que el juez se siente superior a las leyes al suspender garantías constitucionales bajo pretexto de una investigación secreta.
- Falta de transparencia: el juez se habría negado a revelar quién ordenó el espionaje, amparándose en la supuesta postergación de los derechos de los abogados.
Habeas Corpus y temor a allanamientos
Ante la posibilidad de detenciones o allanamientos a su estudio jurídico de la calle Obligado, los profesionales interpusieron un habeas corpus preventivo ante el Superior Tribunal de Justicia, solicitando la intervención del juez Mario Alberto Modi.
En el escrito judicial, los Barceló sostienen que existe un temor fundado de persecución por su labor como abogados defensores, ya que el juez Roy habría manifestado tener "capacidad legal" para allanar sus domicilios y tratarlos como delincuentes que entorpecen procesos.
Los denunciantes no descartan llevar el caso a las máximas instancias nacionales. "Si el Superior Tribunal no interviene, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación", advirtió Miguel Barceló de acuerdo a lo detallado por el medio Chaco Ahora.
La comunidad jurídica local sigue de cerca el caso, que pone en debate los límites del poder de los jueces de garantías y la vulnerabilidad de los abogados frente a posibles represalias judiciales en el ejercicio de su función. Por el momento, el Juzgado de Garantías N° 1 no ha emitido un comunicado oficial respecto a estas graves acusaciones.
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