El Senado convirtió en ley al proyecto de reforma del régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad de los menores a los 14 años. Una vez más, La Libertad Avanza (LLA) logró la sanción del texto con el acompañamiento de las bancadas aliadas de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y los bloques provinciales.
El proyecto fue aprobado en general con 44 votos a favor y 27 en contra y una abstensión de la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas). El rechazo vino del interbloque peronistas que integra los bloques Justicialista, Justicia Social Federal y Frente Cívico por Santiago. Convicción Federal, por su parte, se dividió: Carolina Moisés y Guillermo Andrada en contra y Sandra Mariela Mendoza a favor.
Minutos después de la aprobación en general, la cuenta de X Oficina del Presidente de la Nación expresó la satisfacción de Javier Milei por la aprobación del texto, afirmando que con su sanción "Argentina cierra un capitulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza el marco normativo que permanecía desconectado de la realidad críminal del siglo XIX".
La jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, señaló que "esta ley está del lado de los ciudadanos", termina con "la doctrina de que el delincuente es una víctima" y la "lógica zaffaroniana", en alusión al ex ministro de la Corte Suprema, que se encontraba "adentro del sistema penal: todo se discutía entre el delincuente y el juez".
La ex ministra de seguridad aclaró que el proyecto de ley establece que "la prisión es el último recurso" y señaló que se estipula una "pena de quince años" para el homicidio "No puede ser lo mismo matar que otro delito", sintetizó.
También señaló que "los menores no van a convivir con adultos detenidos" y que "no hace fralta que cada una de las provincias tengan institutos de menores", propuestos en el proyecto, y propuso "un sistema de regionalización" para las jurisdicciones con tasas de criminalidad más bajas.
Sobre el final, Bullrich escenificó un minuto de silencio "para todas las víctimas por no haber tenido en justicia no han pedido vivir el paz". La vicepresidenta Victoria Villarruel le pidió que haga una moción, pero cuando la jefa de la bancada oficialista volvió a insistir, todos los senadores estaban de pie. "¿Terminamos con el show?, le espetó luego el justicialista Martín Soria.
"Este Gobierno se anima a dar debate en cuestiones muy delicadas. Hay que mirar a los ojos a los familiares de las victimas y votar con responsabilidad", sostuvo la senadora salteña María Emilia Orozco. En su intervención, además, sugirió que si fuese por ella "no habría puesto límite de edad".
Por su parte, el senador radical Flavio Fama sostuvo que "el nuevo régimen hace que la Argentina se alinee con estándares internacionales". Su par del PRO Martín Goerling señaló que la ley "viene a poner institutos que puedan capacitar y reinsertar y les puedan dar una nueva oportunidad a esos jóvenes que delinquen hoy, oportunidad que hoy no la tienen".
Por la negativa, Soria señaló, dirigiendose a sus pares, que "tienen que saber que van a votar un régimen penal juvenil en el que en conflictos, instrascendentes en algunos casos, que involucran a menores de edad, obligatoriamente tendrán como respuesta del Estado va a ser a través del sistema penal".
"Este texto que cersenaron en el debate es malo", sostuvo el ex ministro de justicia, que destacó la labor sobre el proyecto en Diputados y aprovechó para cuestionar la restricción a los lugares en las comisiones al peronismo en el Senado.
A su turno, el senador Justicialista Jorge Capitanich señaló que si no se cuenta con "el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva". Esto en alusión al financiamiento que requiere la implementación de la ley y que parcialmente es sostenida por el Estado nacional.
"Nosotros creemos en la dignidad humana y en que la sensibilidad social de las políticas públicas constituyen la base para garantizar objetivos", indicó el senador por Chaco.
El texto aprobado, que había tenido media sanción de Diputados, establece la creación de un régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 hasta los 18 años de edad, "cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro"
Las penas establecidas van de los tres a los diez años, aunque se podrán imponer otro tipo de sanciones como amonestaciones, servicio a la comunidad, monitoreo electrónico o privación de la libertad.
Entre estas se especifícan tres tipos: privación de la libertad en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención.
Para la implementación, el texto estipula un presupuesto de más de 23 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil millones saldrían del Ministerio de Justicia y los 20 millones restantes de la Defensoría General de la Nación. Las provincias están autorizadas a firmar convenios para "dar cumplimiento al presente régimen".
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