Las requisas y retenes a los transportes públicos y el pedido de documentos a pasajeros en el operativo de las fuerzas federales previo a la movilización de respaldo a la ex presidenta Cristina Kirchner del miércoles en Plaza de Mayo, alertó a espacios de la oposición en el Congreso. Unión por la Patria presentará una demanda en la Bicameral de inteligencia y ante la justicia contra la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, mientras que el bloque de diputados que lidera Facundo Manes presentó un proyecto para anular el decreto que autoriza a la Policía Federal a hacer allanamientos sin autorización judicial.
Representantes de Unión por la Patria en la comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia presentarán el lunes un pedido de investigación a Bullrich por el operativo, acusándola de violar la ley de Inteligencia."Es un paso más en la deriva autoritaria que ella conduce", dijo a través de su cuenta de Twitter el diputado nacional Leopoldo Moreau.
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El ex titular de la Cámara de Diputados durante la presidencia de Raúl Alfonsín acusó a Bullrich de "no sólo requisar sino también copiar las listas de pasajeros y fotografiar los documentos de quienes venían desde el Interior a la marcha de respaldo a Cristina Kirchner". En ese marco, alegó que "está construyendo una base de datos sobre la adhesión o pertenencia de ciudadanos a partidos políticos, lo que, reiteramos, está expresamente prohibido" en el artículo 4 de la ley de Inteligencia.
El propio Moreau, señalaron fuentes de Unión por la Patria a El Destape, se presentará el mismo lunes en los tribunales de Comodoro Py para denunciar a Bullrich, al jefe de Gendarmería, Claudio Brilloni, y el titular de la Policía Federal, Luis Rolle, por almacenar datos y preguntar la afiliación partidaria de pasajeros de medios de transporte.
Por otra parte, el bloque de diputados de Democracia para Siempre presentó un proyecto que pide dejar "sin efecto" y se declare de "nulidad absoluta de todo acto administrativo o jurídico dictado" bajo el decreto 383/25, así como de los actos posteriores que se deriven del mismo, por resultar violatorio de derechos constitucionales y excede las facultades delegadas de la Ley N° 27.742.
El decreto, firmado por Milei, Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en mayo, autoriza a la Policía a "realizar sin autorización judicial tareas de espionaje en redes sociales, requisas a personas y vehículos durante manifestaciones y detener a quien "hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo".
El expediente cuenta con las firmas del jefe de la bancada de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, y los diputados Manes, Mariela Coletta, Danya Tavela, Fernando Carbajal y Carla Carrizo. Según remarcó, "el acceso de la policía a mayores poderes sin orden judicial—como detenciones, vigilancia de redes sociales y requisas en los denominados “operativos de prevención”—vulnera garantías fundamentales como el derecho al debido proceso, la protección contra detenciones arbitrarias (artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpretado por la Corte IDH) y la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 de la Constitución Nacional)".
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Por último, los diputados de Democracia para Siempre alertaron que su "preocupación cobra mayor relevancia ante las señales explícitas de utilización política del aparato de seguridad, el avance de un Plan Nacional de Inteligencia opaco, y la posibilidad certera de que la represión y el espionaje de opositores se tornen prácticas naturalizadas".
El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) es motivo de preocupación en la bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, ya que habilita las tareas de inteligencia contra todo aquel que “erosione la confianza” en el plan económico del Poder Ejecutivo y manipule a la opinión pública “de manera contraria al interés nacional”. En ese contexto, el martes, la comisión se reunió con el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, que responidió preguntas sobre los alcances del programa.
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