Desde la tarde del martes la Plaza de Mayo es escenario de una vigilia para sumar presión al Congreso, ya que la Cámara de Diputados debatirá el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. ¿Qué propone la normativa?
Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad que vetó Javier Milei
El Senado aprobó el pasado 10 de junio el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, la norma ya tenía media sanción de Diputados. Sin embargo, el 4 de agosto el presidente Javier Milei decidió vetar la ley en su totalidad.
El proyecto, presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores opositores, propone declarar la emergencia para garantizar los derechos y el acceso de las personas con discapacidad a servicios esenciales en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.
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Así, en un contexto de cada vez más ajuste y demora en los pagos, entre sus diferentes puntos centrales, la ley determina:
- Regularización de pagos y actualización de aranceles: busca saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas: garantizar el financiamiento para las pensiones por discapacidad, evaluar las condiciones de acceso y de permanencia en el beneficio percibido.
- Mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): realizar auditorías para identificar problemas en la gestión de prestaciones.
- Actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD): solicita que ANDIS junto al Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos sobre las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales para la certificación de una persona con discapacidad.
Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad que vetó Javier Milei - Transparencia del Gobierno nacional: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
- Retribuciones económicas: la norma establece una compensación económica de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
- Garantizar los talleres protegidos y centros de día: la ley propone asignar recursos específicos y compensaciones para garantizar el acceso y el funcionamiento continuo de los talleres.
- Cumplimiento de cupo laboral en el sector público: la norma reafirma que el Estado debe cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
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