La crisis social y económica comenzó a reflejarse con fuerza en las escuelas públicas de Corrientes, donde docentes y directivos denunciaron recortes en las partidas destinadas a alimentos y a la copa de leche, una situación que obligó a muchas instituciones a organizar colectas solidarias para sostener la alimentación mínima de los estudiantes, en medio de ajustes sistemáticos del Gobierno provincial hacia el sector educativo.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) presentó una nota formal ante la ministra de Educación provincial, Ana Miño, en la que expresó su rechazo a la suspensión de raciones alimentarias y a la reducción de partidas para comedores escolares en distintos puntos del interior correntino.
Según denunció el gremio, la situación llevó a docentes, equipos directivos y comunidades educativas a organizar campañas solidarias para recolectar leche, azúcar, galletitas e incluso gas, con el objetivo de garantizar que los alumnos puedan acceder al menos a una alimentación básica dentro de las escuelas.
El documento, firmado por el secretario general de SUTECO, Fernando Ramírez, advirtió que el recorte impacta especialmente sobre los sectores más vulnerables y representa “un empujón al abismo de la exclusión” en un contexto social cada vez más complejo.
Desde el sindicato remarcaron además que la demanda alimentaria en las escuelas se triplicó durante el último año, reflejando el deterioro económico que atraviesan miles de familias correntinas. Según los datos relevados por la organización gremial, siete de cada diez estudiantes se encuentran actualmente por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 55% de los tutores o responsables familiares atraviesa situaciones de desempleo o informalidad laboral.
“Sacarles la comida a los alumnos agravará aún más los índices de deserción escolar”, señalaron desde SUTECO, al advertir que en muchos casos la asistencia alimentaria escolar constituye hoy una herramienta clave para garantizar la permanencia de niños y adolescentes dentro del sistema educativo.
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En ese escenario, el gremio exigió la normalización y el aumento de las partidas alimentarias destinadas a las escuelas y reclamó que el Ministerio de Educación informe públicamente el estado presupuestario del sistema de provisión.
El reclamo también apuntó al Gobierno nacional, al que responsabilizaron por el fuerte recorte en la inversión educativa. Según indicaron, entre 2024 y 2026 la inversión federal en educación obligatoria sufrió una caída real del 76,5%, afectando programas vinculados a becas, infraestructura y tecnología.
Además, recordaron que numerosas obras escolares permanecen paralizadas desde hace más de dos años, profundizando un escenario que, según advirtieron, pone en riesgo no solo el aprendizaje, sino también la alimentación y la salud básica de miles de estudiantes correntinos.
El ajuste de Valdés contra los docentes
El conflicto docente se remonta desde hace meses, con el último hecho con data de los últimos días de abril. "Quedamos en que íbamos a hacer más reuniones, pero lamentablemente hasta este momento no tuvimos otras, queremos hablar por lo que está pasando el sector”, expresó a Perfil, el representante de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), José Gea. El dirigente señaló que la devaluación y la inflación hacen imperiosa una nueva recuperación de haberes para evitar que el salario docente siga perdiendo terreno.
El pedido de reapertura de paritarias se apoya en datos que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) presentó ante la cartera educativa dirigida por Ana Miño. Según el gremio, en la región del NEA la inflación acumulada alcanzó un 11,5% solo durante el primer trimestre del año, mientras que la Canasta Básica registra una suba del 24% desde agosto de 2025.
Uno de los principales focos de conflicto, además, es la denuncia presentada por SUTECO y la CTERA. Según los gremios, directivos y supervisores estarían imponiendo la asistencia obligatoria los días sábados para realizar tareas ajenas a la labor pedagógica, como limpieza, fumigación, arreglos de infraestructura y desinfección.
En una nota formal dirigida a las autoridades educativas, los sindicatos exigieron que se deje sin efecto esta medida al considerar que implica una sobrecarga laboral, ya que los docentes ya realizan tareas de planificación y corrección fuera del horario de clases. Además, remarcaron que se vulnera el derecho al descanso, al no respetarse las 48 horas semanales correspondientes, y advirtieron que no existe ningún tipo de compensación salarial ni acuerdo paritario que respalde estas jornadas extraordinarias. En ese sentido, también apuntaron a la crisis de infraestructura escolar y fueron categóricos: “No es responsabilidad del docente resolver el deterioro de los edificios educativos”.
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