La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” y envió la reforma al Consejo de la Magistratura para su debate plenario, argumentando que la decisión busca transparentar el proceso y limitar la discrecionalidad política. Esta iniciativa avanza en un momento clave: el Ejecutivo tiene 203 ternas a su disposición y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, asume el control de las negociaciones.
A través de la Acordada 4/2026, los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti suscribieron un texto normativo que propone una reorganización total del sistema. La Corte asume así su rol como cabeza del Poder Judicial para corregir supuestos déficits estructurales en la administración de justicia.
El documento advierte la necesidad de perfeccionar los procedimientos para "reforzar la objetividad". Hasta el momento, el máximo tribunal nota que la etapa de evaluación "premia el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico y el mérito real de los candidatos". La entrevista personal suele generar polémicas por su alto nivel de subjetividad. El documento de la Corte señala que, en la práctica, su valoración "carece de criterios suficientemente estandarizados". Esta amplitud normativa posibilitó alteraciones significativas en el orden de mérito construido en las instancias técnicas previas.
El máximo tribunal asegura que el reglamento acota de forma razonable y previsible la incidencia de la entrevista personal, para así neutralizar posibles manipulaciones de los resultados finales,. A partir de esta reforma, la instancia oral otorgará un máximo de veinte puntos sobre un total de doscientos posibles. Además, el texto distribuye este puntaje bajo pautas tasadas y reglas objetivas para conformar las ternas y las listas complementarias.
El recambio de reglas ocurre en plena reconfiguración del mapa judicial del Gobierno. Según los últimos informes del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo tiene 203 ternas en su poder, mientras otras 157 vacantes tramitan sus respectivos concursos en el órgano de selección. El presidente Javier Milei y el ministro Mahiques pueden activar estas 203 designaciones cuando lo consideren apropiado. Para concretar los nombramientos, solo requieren que el pliego del postulante alcance una mayoría simple en el Senado (37 votos), un número posible para el oficialismo en la actualidad.
Hasta hace poco tiempo, el análisis de los candidatos recaía sobre Santiago Amerio. Sin embargo, los acuerdos tejidos por él se esfumaron por el aire tras su apartamiento. Tras el anuncio de Mahiques como ministro, el Ejecutivo designó a Amerio como Procurador del Tesoro, es decir, el jefe de los abogados del Estado. Como consecuencia, Santiago Castro Videla, antecesor de Amerio, sufrió una rebaja al puesto de subprocurador.
Cumbre clave y alineación de agendas
Mahiques concentra ahora todo el poder de negociación. La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, junto al vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el ministro Ricardo Lorenzetti, recibieron al flamante ministro de Justicia en el Palacio de Tribunales.
Durante el encuentro, Mahiques ratificó el compromiso del Poder Ejecutivo Nacional para cubrir las vacantes de forma ágil. Con la presentación formal de este nuevo reglamento ante el Consejo de la Magistratura, el máximo tribunal marca la cancha, recorta el margen de maniobra para la política y establece directrices claras para el futuro de la Justicia.
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