Clarín se quedó con Costa Salguero y La Rural va a la Justicia

A pesar de que el juez Gonzalo Marconi negó el viernes último una medida cautelar sobre la adjudicación de Costa Salguero, que quedó así bajo control de Clarín y La Nación, la pelea de gigantes que comenzó por el control del predio recién acaba de empezar. La Rural –que había hecho la oferta más alta y fue desestimada– demandará al Gobierno de la Ciudad y reclamará la nulidad de las actuaciones administrativas que determinaron otorgarle la licitación a quienes hicieron una oferta menor por la explotación del lugar durante los próximos diez años. Así lo confirmaron a El Destape fuentes informadas sobre los próximos pasos de La Rural, adonde incluso evalúan una denuncia penal contra el jefe de Gobierno, Jorge Macri, por lo que consideran "un robo".

La decisión de La Rural es taxativa: seguir adelante con el reclamo cueste lo que cueste, demore lo que demore. Los controlantes del predio ferial de Palermo se asociaron para licitar por Costa Salguero con el Grupo IRSA, de Eduardo Elsztain –la mayor desarrolladora inmobiliaria del país y dueña de los principales shoppings– y con DF Entertainment, de Diego Finkelstein –la productora líder de espectáculos masivos en la Argentina–. Ofrecieron poco más de 310 millones de pesos mensuales para quedarse con Costa Salguero, mientras que Clarín y La Nación ofrecieron 240 millones y les ganaron.

La decisión de sostener la judicialización del reclamo aun pese al revés que significó el rechazo al pedido de amparo abre una situación de incertidumbre en el sector de la organización de ferias y congresos. La especificidad del negocio implica que los predios como Costa Salguero deben ser contratados con mucha anticipación, característica que choca de frente con la posibilidad de que un fallo judicial obligue al Gobierno de la Ciudad a desandar lo que para la administración de Jorge Macri hoy es un hecho: que Clarín y La Nación controlan el predio. En el sector consideran que una demanda judicial que puede demorar en resolverse unos tres años sumirá a la gestión de Costa Salguero en una situación precaria que, en la práctica, obstaculizará las contrataciones del lugar.

De todas formas, Clarín y La Nación ya tienen en su poder las llaves del predio. El Gobierno de la Ciudad se las entregó –es decir, firmó el contrato de concesión– el 9 de enero. Apenas dos días antes, La Rural había pedido un amparo para evitar una política de los hechos consumados durante la feria judicial. Lo que finalmente ocurrió. Dos semanas después, el juez Gonzalo Marconi –en coincidencia con la recomendación del fiscal Mariano Cordeiro– rechazó ese pedido de amparo considerando que el gobierno porteño no actuó "de manera manifiestamente ilegítima o arbitraria" al evaluar que hay inconsistencias en el flujo de fondos de La Rural que le hacen creer que no podrá pagar el canon ofrecido. 

"La Administración no se encuentra obligada a adjudicar la licitación a la oferta de mayor o menor canon, sino a aquella que resulte más conveniente en función del interés público comprometido", afirmó en su fallo Marconi, un punto que será discutido por La Rural ante la Cámara, dado que el interés público también puede entenderse desde la cantidad de dinero que dejará de percibir la Ciudad al optar por la oferta más baja. Entre las dos opciones hubo una diferencia de algo más de 70 millones de pesos (unos 46 mil dólares mensuales), que totalizarían más de 8.400 millones de pesos durante toda la concesión (unos cinco millones y medio de dólares en diez años, al predio de la divisa hoy).

Según el gobierno porteño el flujo de fondos proyectado para sostener el proyecto que presentó La Rural era inconsistente. La Comisión Evaluadora del pliego concluyó que "aun destinando el 100% del resultado proyectado a cubrir el diferencial del canon ofrecido, la propuesta presentaría un déficit superior a los 2.990 millones de pesos, lo que comprometería la viabilidad económico-financiera de la oferta". Entre los oferentes aseguran que su propuesta no fue analizada en profundidad y sospechan de una licitación amañada. "Cuando un perito contable mire los balances de La Rural, se termina el tema. Esto lo vamos a revertir", pronostican.