La Rural vs Clarín, La Nación y Macri: juicio y millones en juego

Es una pelea de gigantes. De un lado, La Rural. Del otro, Clarín y La Nación. Y en el medio, un árbitro acusado de parcial: Jorge Macri. El objeto de la disputa es un negocio millonario: la concesión a diez años del predio de Costa Salguero, que la Ciudad de Buenos Aires asignó hace tres semanas a los dos principales medios del país aun cuando el canon que ofertaron fue 29% inferior a la propuesta de sus rivales.

La furia en La Rural por la licitación perdida aun habiendo hecho la oferta más alta provocó que la situación escale al ámbito judicial, donde los perdedores están intentando bloquear la concesión del predio. Y este miércoles tuvieron su primer éxito cuando el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 11, a cargo de Osvaldo Otheguy, habilitó la feria judicial para evaluar si les concede una medida cautelar. En la causa –a la que tuvo acceso El Destape–, La Rural denunció que el Gobierno de la Ciudad no sólo adjudicó la gestión de Costa Salguero a quienes presentaron la menor oferta, si no que también aceleró “extraordinariamente” los tiempos de la licitación, tal vez en la búsqueda –sugiere el escrito– de que los hechos queden consumados durante la feria e, iniciado el año, la concesión sea irreversible.

La Rural, que tiene detrás a uno de los factores de poder más tradicionales y determinantes de la historia argentina, no está sola en la pelea. Sus socios son dos pesos pesadísimos. Por un lado el Grupo IRSA, de Eduardo Elsztain; la mayor desarrolladora inmobiliaria del país y dueña de los principales shoppings. Y por el otro DF Entertainment, de Diego Finkelstein; la productora líder de espectáculos masivos en el país, con nombres como Taylor Swift, Coldplay o el festival Lollapalooza. Y esto no es todo: detrás del consorcio argentino aparece un jugador de relevancia internacional en el tema predios feriales: IFEMA Madrid, el principal organizador de ferias de España –este año organizará la F1–, controlada nada más ni nada menos que por la Comunidad de Madrid, gobernada por la estrella de la derecha española Isabel Díaz Ayuso, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio local.

Fuentes al tanto de las negociaciones revelaron a El Destape que los españoles tenían serios reparos en participar de la iniciativa –de hecho, no fueron parte de la licitación sino que iban a involucrarse una vez que el predio estuviera concesionado–, pero que a pesar de esas dudas enviaron a algunos representantes a reunirse en la segunda mitad del año pasado con el jefe de gobierno Jorge Macri. Para la misma época, también lo hizo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuyo distrito controla el 31% de las acciones de IFEMA.

Pero todos estos gigantes del establishment, la política y los negocios se encontraron con un rival que demostró ser más potente: la Unión Transitoria de Empresas de Publirevistas y Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA). O, como se los conoce habitualmente, Clarín y La Nación.

En la puja por quedarse con Costa Salguero, La Rural ofertó poco más de 310 millones de pesos mensuales, mientras que Clarín y La Nación ofrecieron 240 millones. Una diferencia de algo más de 70 millones (unos 46 mil dólares mensuales), que totalizarían más de 8.400 millones de pesos durante toda la concesión (unos cinco millones y medio de dólares en diez años, al predio de la divisa hoy). Y el predio fue adjudicado a quienes ofrecieron menos plata.

Durante el proceso, la Comisión Evaluadora que definió la licitación le recomendó al gobierno porteño que adjudique el predio a Clarín y La Nación porque, según su análisis, hay inconsistencias en el flujo de fondos de La Rural. El argumento, llamativo, fue impugnado por los perdedores, que tuvieron que conseguir 144 millones de pesos en efectivo para poder activar la presentación de su reclamo ante el gobierno porteño. 

La suma es la que figura en el pliego de la licitación como condición para habilitar la impugnación del resultado. Tuvo que ser depositada en el Banco Ciudad –que no acepta transferencias en estos casos–, por lo que a los perdedores se les presentaron algunas incomodidades: conseguir todos esos billetes con premura y trasladarlos de manera segura. En el primer tema ayudó IRSA, accionista principal y controlante del Banco Hipotecario. Y para la segunda cuestión consiguieron un dispositivo conocido como “caja loca”, que hace explotar una bomba de pintura sobre los billetes si no es abierto en destino con el código correspondiente. Pero nada alcanzó: tras el trámite de la impugnación, el criterio de la Comisión Evaluadora fue ratificado y la adjudicación a Clarín y La Nación quedó firmada el 19 de diciembre de 2025. Según las Bases y Condiciones de la licitación, la entrega del predio a los ganadores debe ahora concretarse en un plazo de 20 días hábiles (es decir, a comienzos de la semana próxima).

El enojo en La Rural y en IRSA fue escalando y durante varios días los socios evaluaron si avanzar o no con la presentación judicial; mientras iban poniendo al tanto de los detalles de la situación al presidente Javier Milei, a Díaz Ayuso (¿habrán hablado del tema cuando se reunieron en Casa Rosada hace una semana?), y al ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri. Todos están informados de los hechos y de una licitación que, según voceros de IRSA citados por El Diario AR, fue “irregular”. Entre los accionistas de La Rural no hubo palabras tan medidas y fueron los que presionaron al resto de los socios para iniciar el reclamo ante la justicia.

En el escrito reclamaron la suspensión de la adjudicación porque la ejecución “podría derivar en una situación fáctica y jurídica irrevocable”. El juez Otheguy, siguiendo la recomendación del fiscal Mariano Cordeiro, se mostró receptivo: no sólo habilitó la feria sino que además le puso un plazo de tres días (que vence este viernes) al gobierno porteño para que le remita todas las actuaciones administrativas del proceso e informe en qué fecha está prevista la suscripción del contrato.

El tema también genera ruido entre la oposición porteña. En un extenso informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la ingeniera María Eva Koutsovitis y el abogado Jonatan Baldiviezo subrayaron que “la descalificación de La Rural bajo el argumento de la ‘inconsistencia económica’ a pesar de ofrecer un canon mensual 29% superior al de la UTE ganadora ha encendido las alarmas sobre la discrecionalidad técnica y las prioridades estratégicas de la gestión PRO en la Ciudad”. Según Koutsovitis y Baldiviezo, para La Rural, IRSA y DF ganar Costa Salguero significaría “la consolidación monopólica”, dado que de esa forma los tres socios “controlarían los tres recintos feriales más importantes de la ciudad (La Rural, el Centro de Exposiciones al lado de la Facultad de Derecho y Costa Salguero), permitiéndoles manejar precios, calendario y segmentación de eventos sin competencia real”. Y aunque públicamente alguna vez Jorge Macri expresó una preocupación en sintonía, no fue ese el argumento del Gobierno de la Ciudad para explicar la decisión de entregar el predio al peor oferente –que, si de monopolios se trata, también podría quedarse con la gestión de Tecnópolis–. 

La discusión involucra a pesos tan pesados (nada más ni nada menos que las empresas más grandes y poderosas de la Argentina) que pocos medios y periodistas se hicieron eco del tema. Incluso, como destacó Sebastián Lacunza, Clarín y La Nación reportaron sobre la licitación sin nombrarse. Para el Observatorio del Derecho a la Ciudad, “la adjudicación de Costa Salguero debe leerse en clave política” porque “la relación entre el Gobierno de la Ciudad y los grandes medios es un eje vertebrador de la gobernabilidad porteña” que además “sella una alianza de hierro entre el macrismo porteño y el sistema de medios tradicional, construyendo un refugio mutuo ante la incertidumbre de la era Milei”.

Lejos está de ser la primera polémica respecto de Costa Salguero, un terreno que no existía como tal antes de los años 90 y que fue ganado al Río de la Plata tras sucesivos rellenos costeros. La primera concesión –a Telemetrix SA, que duró casi tres décadas– fue muy criticada porque pagaba un canon irrisorio y tuvo prórrogas reiteradas y muchas veces reñidas con la legalidad. Luego llegó el intento de Horacio Rodríguez Larreta de vender esos terrenos para proyectos inmobiliarios de lujo. Tras una movilización ciudadana histórica, la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario –el mismo fuero que debe decidir ahora– impidió el avance de la iniciativa.

A pesar de ser de la misma fuerza política que su antecesor, Jorge Macri dio un giro total en el tema y anunció que su gestión no vendería esos terrenos y que mantendría la política de concesionarlos. Premonitoriamente, en una entrevista nada menos que con LN+ luego debidamente reproducida en La Nación, aseguró: “Para mí es un error llevar vivienda ahí porque a la ciudad le viene muy bien tener un centro de convenciones que le genera turismo. Sino, nos quedamos solamente con La Rural como único oferente. Esta ciudad necesita más ofertas. Vamos a licitarlo”. Corría julio de 2024 y el jefe de Gobierno ya sentaba las bases de lo que sería su decisión un año y medio después.