Criticar a Javier Milei en Santa Fe pero replicar su modelo y brindarle sus votos: esa es la fórmula floja de papeles con la que el gobernador Maximiliano Pullaro busca construir un discurso de oposición. Una de las principales consecuencias de esta "oposición" ficticia se refleja en la economía provincial, con un déficit de $600.000 millones en las arcas locales que golpea directamente en los bolsillos santafesinos. Frente a este escenario, la oposición legislativa impulsa un proyecto para registrar de manera sistemática las obras, servicios y gastos nacionales que la provincia afronta, con el objetivo de obligar al gobernador a velar por los intereses locales en vez de priorizar su relación con Milei.
La iniciativa fue presentada este jueves en la Legislatura provincial y se fundamenta en una serie de intervenciones que el Gobierno de Santa Fe decidió asumir con fondos propios ante el retiro del Estado nacional. Entre los casos mencionados figuran la construcción del Puente Carretero, las obras sobre la ruta nacional A012 y la adquisición de medicamentos que dejaron de llegar mediante el programa Remediar.
Según explicó el diputado provincial Fabián Oliver, en comunicación con El Destape, la relación actual que mantiene Pullaro con Milei tiene como consecuencia un golpe directo al bolsillo de los santafesinos: "En Santa Fe estamos pagando dos veces por los mismos servicios o las mismas obras. Porque todas las obras viales de Nación se financian con el impuesto a los combustibles líquidos de todos los ciudadanos. Pero si esas obras las realiza el gobierno de Santa Fe, se están financiando nuevamente de los impuestos locales".
La propuesta presentada por Oliver pretende, de esta manera, ordenar una discusión recurrente en la actual relación entre Santa Fe y la administración nacional: qué sucede cuando la Provincia utiliza recursos propios para sostener políticas, servicios u obras ante la falta, demora o interrupción de fondos federales. Del mismo modo, busca que la defensa de los recursos santafesinos se convierta en una obligación institucional y no en una "facultad utilizada de manera discrecional", agregó Oliver.
Los principales reclamos
Uno de los principales reclamos se relaciona con las obras viales que la provincia ejecutó con fondos propios, aunque las rutas y corredores involucrados pertenecen a la órbita nacional. Entre esas obras se incluye la construcción de un nuevo Puente Carretero que une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé sobre el río Salado.
Esta obra debía ser ejecutada por la Nación como compensación por la construcción de la autovía de la ruta 19 hasta San Francisco, financiada por Santa Fe. Sin embargo, esa ejecución se vio obstaculizada por el freno a la obra pública nacional impuesto por Javier Milei desde el primer momento de su mandato.
La propuesta también contempla gastos sanitarios: medicamentos e insumos del programa nacional Remediar dejaron de llegar a la provincia, por lo que el Gobierno de Santa Fe debió adquirirlos para garantizar su incorporación al sistema de salud.
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Oliver señaló que la propuesta fue recibida de manera favorable en una primera instancia por la oposición provincial, y aseguró que podría transformarse en una herramienta para la administración provincial: “En principio fue visto con buenos ojos”.
Frente a este escenario, Pullaro se ve en una fuerte encrucijada. O el oficialismo acompaña y acepta que reclamarle a Milei deje de ser una decisión discrecional, o resiste la iniciativa y confirma lo que la oposición viene señalando: que el reproche al Gobierno nacional sirve mejor como argumento para justificar el ajuste provincial que como reclamo efectivo ante la Casa Rosada. Mientras tanto, la cuenta la siguen pagando los santafesinos, dos veces.
La relación Pullaro-Milei: una oposición ficticia
Desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, Maximiliano Pullaro construyó un discurso de diferenciación basado en los efectos que el ajuste nacional tiene sobre Santa Fe. El gobernador reclama por la paralización de la obra pública, cuestiona la falta de mantenimiento de las rutas nacionales y exige una mayor distribución de recursos. Sin embargo, al mismo tiempo, sostiene que mantiene una "muy buena" relación con el Presidente y con el Gobierno nacional, destacando coincidencias en materia de equilibrio fiscal y diálogo institucional.
Esa dualidad también se refleja en el Congreso. Mientras desde Santa Fe se multiplican las críticas por la falta de inversión nacional, legisladores que responden al oficialismo provincial han acompañado iniciativas clave impulsadas por La Libertad Avanza. La reciente votación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volvió a mostrar esa sintonía: los senadores radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto, identificados con el espacio político de Pullaro, respaldaron el proyecto del Gobierno nacional, mientras el gobernador evitó fijar una posición pública sobre uno de los debates más sensibles para las provincias.
Otro capítulo reciente fue la adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). La decisión permitirá a Santa Fe acceder a un anticipo financiero de hasta 400.000 millones de pesos, aunque la Provincia prevé solicitar inicialmente unos 300.000 millones. El cambio de estrategia despertó fuertes cuestionamientos de la oposición, que interpretó la medida como un acercamiento político al presidente Javier Milei.
Desde el Gobierno provincial sostienen que la adhesión responde a una decisión estrictamente financiera y remarcan que Santa Fe mantiene una situación fiscal más sólida que la mayoría de las provincias. Como ejemplo, destacan que recientemente pudo afrontar sin inconvenientes el pago de salarios y aguinaldos.
No obstante, la decisión generó una fuerte lectura política. Durante buena parte de su gestión, Pullaro construyó un discurso de confrontación con la Casa Rosada, reclamando el envío de fondos adeudados, cuestionando la paralización de obras públicas nacionales y criticando distintos recortes impulsados por la administración de Milei.