Ante los ataques del presidente Javier Milei al periodismo y los ataques a fotorreporteros en coberturas de movilizaciones contra el Gobierno, diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para la protección integral de fotorreporteros y trabajadores de prensa.
El expediente fue firmado por los diputados Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Sergio Palazzo (Unión por la Patria) y presentado en las comisiones de Libertad de Expresión; Peticiones, Poderes y Reglamento y Justicia. Esta última, está en manos de Silvia Lospennato (PRO), mientras que las anteriores son presididas por dos oficialistas de La Libertad Avanza (LLA): María Emilia Orozco y Manuel Quintar.
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Qué dice el proyecto para proteger a la prensa
El proyecto propone un marco normativo integral que contemple la definición, en primer término, de los principios rectores (pro-persona; de igualdad y no discriminación; de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; de progresividad y no regresividad, de género, interseccional e intercultural y coordinación y cooperación de las autoridades estatales).
Luego, se plantea la creación e implementación del Mecanismo de Protección Interinstitucional. Este tendría un carácter intrainstitucional y funcionaría dentro del marco del Poder Legislativo. El mecanismo llevará a cabo sus funciones en articulación con un Consejo Consultivo, integrado por representantes de la sociedad civil vinculados a los objetivos de la presente ley, asociaciones y organizaciones gremiales y profesionales que nuclean a periodistas, fotorreporteros/as y trabajadores de prensa, representantes de los medios de comunicación y las carreras de comunicación y periodismo.
También se subraya la obligación estatal de investigar y sancionar agresiones contra periodistas y/o su entorno y el reconocimiento del derecho a la protección de las fuentes informativas.
En sus considerandos, el proyecto señala que es "necesario que el Estado reafirme su responsabilidad de crear un entorno libre, plural y seguro, que permita la plena realización del derecho a la información, promoviendo el respeto y la protección del trabajo periodístico. Distintos organismos internacionales han instado en reiteradas ocasiones a los Estados a adoptar marcos normativos específicos a tales fines".
"Tanto en nuestro país como en la región, se registra un preocupante aumento de ataques, amenazas, hostigamientos, estigmatización, vigilancia, restricciones y represiones al trabajo de los profesionales de la comunicación. Esta iniciativa se presenta como una herramienta para desalentar la impunidad de quienes intentan silenciar voces y restringir la diversidad de perspectivas y opiniones", señalaron.
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Los repetidos ataques de Milei a la prensa
Amnistía Internacional alertó sobre el recrudecimiento de los ataques a la libertad de expresión en el país. Según destacó la organización, "cerca de 30 periodistas recibieron hostigamiento en redes socio-digitales y medios de comunicación”. El ranking de libertad de expresión de Reporteros sin Fronteras arrojó que Argentina cayó 47 posiciones, al puesto 87 dentro de 180 países.
"No odiamos lo suficiente a los periodistas", fue una de las tantas amenazas del Presidente a la prensa, a la que suele calificar de "ensobrados". La frase de Milei avaló la provocación del asesor presidencial Santiago Caputo al fotógrafo Santiago Becerra. Semanas después, casualmente, el mismo fotorreportero fue gaseado por las fuerzas de seguridad. Las fuerzas que comanda la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, también fueron responsables del ataque al fotorreportero Pablo Grillo, que estuvo en terapia intensiva tras ser herido por un proyectil lanzagas arrojado por un gendarme.
Las huestes mileístas también colaboraron en la profundización del discurso de odio. El streamer oficialista Daniel Parisini, conocido en X (ex Twitter) como Gordo Dan, expresó su deseo que Milei encarcele periodistas "por decreto".
El propio presidente Milei también avanzó en denuncias contra periodistas, como Ari Lijalad de El Destape, por supuestas calumnias e injurias. Mientras tanto, en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni avanzó en la redacción de un reglamento para acreditados. Además de implementar pautas de "puntuación", las reglas contemplan la prohibición de la libre circulación en la casa de gobierno, lo que atenta contra la obtención de información.
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