El Gobierno de Javier Milei envió al Senado un proyecto de ley que modifica por completo el sistema actual de pensiones por discapacidad. La iniciativa, denominada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, propone un reempadronamiento obligatorio para 1.200.000 beneficiarios y elimina beneficios clave de la ley de emergencia que el propio Gobierno aún no cumple.
La movida oficialista ocurre en medio de una fuerte crisis política por la investigación de presuntos sobornos que terminó con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El texto ingresó por la Cámara Alta porque en la Casa Rosada calculan que obtener la mayoría allí será más sencillo que en Diputados, donde los bloques dialoguistas ya mostraron resistencias.
El reempadronamiento que define todo
El corazón de la norma establece que todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Tendrán un plazo de 90 días, prorrogable por 30 más. Si no cumplís con este trámite, el Estado te suspenderá automáticamente el cobro.
Pasados 60 días desde esa suspensión sin que regularices tu situación, el Gobierno quedará habilitado a dar de baja definitiva el beneficio mediante un simple acto administrativo. El proyecto también habilita auditorías con cruce masivo de datos entre ANSES, ARCA y el sistema tributario para detectar cualquier inconsistencia en los ingresos declarados.
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Adiós al trabajo registrado y a la actualización trimestral
Uno de los cambios más drásticos es la "incompatibilidad absoluta" con el empleo formal. Si conseguís un trabajo en blanco, perdés la pensión automáticamente. La norma vigente permitía cierta flexibilidad para fomentar la inclusión laboral, pero el nuevo texto endurece esa condición y además elimina los beneficios que recibían las empresas por contratar personas con discapacidad.
En cuanto al bolsillo, el proyecto fija el monto de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio, lo que hoy representa unos $275.221. Pero el golpe más silencioso es la eliminación de la actualización automática trimestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC). También suprime la facultad del Ejecutivo para otorgar plus por zona desfavorable.
Fin del nomenclador y negociación directa con prepagas
La iniciativa deroga de un plumazo los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. Esto quiere decir que se elimina el piso mínimo de calidad en las prestaciones. El proyecto autoriza convenios directos entre Nación y provincias, pero virtualmente borra el nomenclador que fijaba aranceles homogéneos. Esto desregula la negociación con obras sociales y prepagas, dejando a cada prestador librado a arreglar por su cuenta.
El oficialismo justifica la dureza de la norma señalando un supuesto crecimiento exponencial del padrón: de 76.000 beneficiarios en 2003 a casi 1.200.000 en 2023. Organizaciones sociales ya anticiparon que resistirán el debate en el Congreso.
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