A pocos días del inicio del receso invernal, el reclamo docente contra el gobernador Maximiliano Pullaro vuelve a tomar fuerza en Santa Fe. Mientras el gobierno provincial no da señales de convocar a la mesa de negociación, el principal sindicato que agrupa a los trabajadores de la educación pública ratifica su pedido de reapertura inmediata de las paritarias. En diálogo con El Destape, el secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, denunció un profundo proceso de degradación donde el sector arrastra una "pérdida real del salario del 30% que nunca fue recuperada, producto de la devaluación y la quita del 8% correspondiente al incentivo docente nacional".
Los maestros son de los más castigados por las políticas de Pullaro. El sector estatal sufre por las arremetidas del mandatario radical: el presentismo, los descuentos, el castigo que obliga a trabajar enfermos y la extorsión de los descuentos a los días de paro son algunas de las herramientas utilizadas para castigar a los trabajadores de la educación. En septiembre de 2024, la Legislatura también sancionó una reforma previsional completamente regresiva, que incluyó represión y detenciones.
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Antes del vencimiento de los plazos de los últimos aumentos otorgados por decreto, Casiello remarcó que el sector docente perdió "entre un 4% y un 7% frente a la inflación" acumulada en el primer semestre del año. A este panorama se suma el denominado “desfasaje temporal” de la paritaria. Al tratarse de acuerdos diferidos que se perciben con retraso respecto a la publicación de los datos inflacionarios, se consolidan pérdidas intermensuales en el bolsillo del trabajador que liman de forma constante el ingreso disponible.
Un duro relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), realizado a pedido del sindicato de docentes privados SADOP Rosario, expone el crítico escenario socioeconómico que atraviesa el sector educativo. Según el documento, desde el inicio de la actual gestión provincial en diciembre de 2023, el deterioro del poder adquisitivo docente equivale a la pérdida de aproximadamente 22 sueldos de aquel período. En términos nominales, los aumentos otorgados no lograron equiparar el ritmo del índice de precios, lo que se tradujo en que un maestro de grado acumulara una pérdida neta superior a los $370.000 en apenas seis meses.
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En diálogo con este medio, Casiello señaló que el Ejecutivo provincial "intentó dividir el reclamo atacando a las conducciones sindicales mientras introducía sumas en negro y una reforma jubilatoria que obliga a los docentes a aportar y trabajar más años para acceder a un haber peor". La crisis se traduce en un desaliento generalizado: las carreras de formación docente pierden estudiantes, faltan reemplazantes debido a que “se trabaja mucho y mal”, y el cargo testigo de un maestro inicial sin adicionales apenas llega al millón de pesos reales, empujando a los trabajadores al pluriempleo, la acumulación de hasta 30 horas cátedra o la realización de "changas" de fin de semana y servicios de Uber para subsistir.
El impacto de la inflación fue regresivo, ensañándose con los rubros más sensibles para el sostenimiento de un hogar. Al analizar la variación acumulada entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, el estudio del CESO demuestra que el salario docente aumentó un 13%, quedando visiblemente relegado frente a incrementos clave:
- Carnes: +24%
- Transporte público: +23%
- Alimentos generales: +19%
- Telefonía e Internet: +18%
Una empresa del Grupo Werthein controlará la asistencia a las aulas de los docentes
El gobierno de Pullaro avanza con la implementación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), la herramienta con la que busca modificar el esquema de atención médica y control de licencias de los empleados públicos. Uno de los principales objetivos del Gobierno provincial es bajar el índice de ausentismo laboral del 15% actual al 10%, porcentaje que se acerca al promedio nacional.
Luego de superar la evaluación técnica de la licitación, la Provincia se prepara para abrir la oferta económica y proyecta comenzar a aplicar el sistema hacia fines de este año, con una implementación escalonada. La primera etapa alcanzará a los trabajadores de Fiscalía de Estado, la Administración Provincial de Impuestos (API), Catastro y la ex Dipos. Posteriormente se incorporarán los profesionales universitarios de la salud que se desempeñan en la administración pública, luego los docentes y, finalmente, el nuevo mecanismo llegará al personal policial.
La licitación fue lanzada a comienzos de este año para contratar, por dos años con opción a un tercero, el servicio vinculado a la atención de la salud laboral de los empleados públicos. Al proceso se presentó un único oferente, SML Consultores, firma vinculada a Experta ART, del Grupo Werthein, que conformó una red de prestadores en distintos puntos de la provincia.
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