Los gremios y federaciones que integran el sistema universitario nacional convocaron a un paro total de actividades para el próximo 12 de agosto en todas las universidades públicas del país. La medida de fuerza fue definida en rechazo a lo que califican como un reiterado incumplimiento del Gobierno nacional, al que acusan de negarse a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, además de no acatar una medida cautelar que ordena actualizar salarios y becas, ni ejecutar el acuerdo firmado para garantizar los fondos de funcionamiento de los hospitales universitarios.
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Desde la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), el secretario general Emiliano Cagnacci cuestionó con dureza la postura del Ejecutivo y aseguró que el conflicto ya trasciende la discusión presupuestaria. "Se enfrentan a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de la universidad pública, al Congreso Nacional que hace casi 300 días votó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta, y a la Justicia al desobedecer la cautelar que los obliga a actualizar los salarios", afirmó. Para el dirigente, el Gobierno "le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y qué ley no".
Cagnacci sostuvo además que la comunidad universitaria no eligió el camino del conflicto, sino que fue empujada a esta situación por la falta de respuestas oficiales. "No queremos estar reclamando en la calle ni dejando de dar clases por un paro. Queremos estar en las aulas, investigando y asistiendo en nuestros hospitales, pero seguimos sin cobrar lo que el Estado de derecho ya sentenció que nos corresponde", señaló. Bajo la consigna "En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro", los gremios volverán a exigir el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso y de las resoluciones judiciales vigentes.
En paralelo al anuncio de ADUBA, AGD UBA resolvió profundizar el conflicto
Mientras ADUBA confirmó su adhesión al paro nacional del 12 de agosto y apuntó contra el Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) aprobó una batería de medidas para las próximas semanas y elevó un mandato a la Conadu Histórica para profundizar el plan de lucha.
Entre las resoluciones votadas por la asamblea figuran un paro y movilización para el 6 de agosto contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el acompañamiento a las organizaciones sociales el 7 de agosto por la caída de beneficiarios del programa Volver al Trabajo y la participación en la audiencia pública contra los casi 400 despidos en el Conicet el 10 de agosto.
Además, AGD UBA confirmó su participación en la Acción Federal por la Ciencia y la Educación, prevista para el 12 de agosto a las 16 en el Obelisco, y resolvió sumar al reclamo salarial el pago del retroactivo del 28,5% que, según denuncian, el Gobierno aún adeuda. También impulsará asambleas en las distintas unidades académicas de la UBA, evaluará una permanencia en sedes de la universidad para visibilizar los reclamos y rechazó las declaraciones del presidente Javier Milei contra docentes, investigadores y estudiantes. Como mandato para la Conadu Histórica, el gremio propuso avanzar hacia una profundización del plan de lucha con una semana de paro, preferentemente a partir del 17 de agosto.
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