El abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), Jerónimo Guerrero Iraola, cuestionó con dureza la rectificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la Ley de Tierras. En declaraciones formuladas ante el periodista Marcelo Bonelli en Radio Mitre, el letrado descartó cualquier expresión de conformidad ante el cambio de postura del tribunal y definió lo sucedido como una maniobra institucionalmente degradante.
Al ser consultado sobre si existía satisfacción por la resolución judicial, Guerrero Iraola rechazó de plano esa lectura y apuntó contra el proceder de los magistrados. "La Corte retrocediendo para atrás como un cangrejo, de una forma haciendo un contorsionismo judicial que no es digno del rol que ostentan los ministros", aseveró el representante de la entidad.
"Volteretas en el aire": los cuestionamientos técnicos a la resolución
Guerrero Iraola profundizó sus críticas en el plano estrictamente doctrinario al evaluar los fundamentos esgrimidos por los jueces. Según explicó, la redacción final exhibe inconsistencias sobre la naturaleza de las presentaciones y siembra dudas sobre el criterio procesal empleado para revisar lo resuelto.
"Cuando uno lee la fundamentación, recién estaba leyendo la resolución, no queda claro entonces si las causas son análogas o no lo son, si hay caso o no hay caso. Están haciendo volteretas en el aire", remarcó Guerrero Iraola. En ese sentido, señaló la conformación del tribunal para resolver la causa Árbol de Pie, donde intervinieron los tres miembros habituales junto a dos conjueces especialmente convocados.
Para el letrado, este viraje improvisado pone de manifiesto una serie de dificultades insalvables a la hora de sostener técnicamente la modificación del criterio previo, comprometiendo la solidez jurídica de la máxima instancia jurisdiccional del país.
El impacto político sobre el DNU 70/23
El análisis del abogado también abordó las derivaciones directas sobre el escenario normativo nacional. De acuerdo con su visión, el máximo tribunal advirtió las consecuencias institucionales que generaba su decisión frente al debate en el Congreso del megadecreto desregulador emitido por el Poder Ejecutivo.
En esa línea, Guerrero Iraola explicó: "El problema principal que advierten los tres magistrados que componen la Corte, más allá de los dos conjueces que han sido citados para entender en el caso Árbol de Pie, es que han dejado el campo arado para la discusión parlamentaria del DNU 70 del 2023".
A raíz de ese escenario, consideró que la marcha atrás respondió a una maniobra apresurada de contención política: "Me parece que frente a esto han saltado sobre la granada de una forma, ya te digo, desde el derecho al menos muy objetable, independientemente de que han repuesto hoy la vigencia de la Ley de Tierras".
La crítica a la previsibilidad jurídica y el reclamo social
Pese a que la determinación restableció la vigencia de la Ley de Tierras, el abogado del CECIM advirtió que la manera de proceder dinamitó la certeza que debe emanar del sistema de justicia. Señaló que estas idas y vueltas desgastan la confianza pública y atentan contra las garantías procesales básicas.
"Están jugando con la previsibilidad jurídica de una forma la verdad muy desprolija, muy impropia de lo que debe ser la máxima magistratura", puntualizó. Asimismo, contrapuso esta definición con lo actuado días antes contra su propia presentación: "Han andado marcha atrás con sus propios actos, han advertido lo impropio de la sentencia de la semana pasada en nuestra causa, en la causa CECIM".
Hacia el final de su intervención, Guerrero Iraola denunció una "falta total de conexión con los reclamos populares y con lo que viene sucediendo en nuestra Argentina". Concluyó que, más allá del resultado formal, el episodio constituye "un hito jurídico sin lugar a dudas, pero en presencia de un acto oprobioso por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".