El Garrahan en emergencia: ¿Un futuro sin salud pública?

Mientras el hospital Garrahan sufre un vaciamiento sin precedentes, con sueldos de indigencia y un éxodo sostenido de profesionales, el Ministerio de Salud responde con indiferencia y un nuevo plan sanitario inspirado en teorías conspirativas importadas de Estados Unidos. El deterioro del sistema público se profundiza entre recortes, paros, conciliaciones obligatorias y denuncias de corrupción en el PAMI impulsadas incluso por aliados del oficialismo. 

29 de mayo, 2025 | 00.03

Lo único que dicen las autoridades del ministerio de Salud de la Nación sobre el vaciamiento del Garrahan es que “no tienen dinero” y que “si el hospital tiene que cerrar para ellos no va a haber ningún inconveniente”. El éxodo de profesionales es permanente, con sueldos de menos de 800 mil pesos por jornadas de 10 horas y guardias eternas. Ya se fueron más de 170.

Los que resisten o no tienen plan B hoy iban al paro en reclamo de una actualización salarial pero el gobierno, juez y parte, dictó la conciliación obligatoria durante quince días. El Garrahan es más que un hospital. Es más, incluso, que sólo el hospital pediátrico más importante de América Latina. Es el corazón del sistema de salud público argentino. Si cae el Garrahan entonces no hay nada a salvo. 

Durante el año 2023, el último que funcionó con normalidad, se atendieron allí 668.417 consultas ambulatorias, se practicaron más de diez mil cirugías, se hicieron seis de cada diez de los trasplantes pediátricos en el país, se trataron el 40 por ciento de los casos de cáncer infantil. Se hicieron más de dos millones y medio de determinaciones de laboratorio. Cada día hubo casi 500 niños y niñas internados.

Se atienden derivaciones de todo el país: funciona como centro de referencia de alta complejidad pediátrica nacional, incluso para la atención privada. Tres de cada diez pacientes cuentan con obra social o prepaga. Pero no sólo recibe pacientes. También forma a unos 1800 residentes y becarios por año y capacita equipos de salud de todas las provincias que luego llevan de regreso su experiencia consigo.

El desmantelamiento del sistema de salud público dio otro paso esta semana con la visita del ministro de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy, un conocido militante antivacunas y de otras teorías anticientíficas cuyo libreto conspiranoide fue adoptado al pie de la letra por el gobierno nacional, como ya habían importado la agenda “anti-woke” del discurso de Davos y la retórica antiinmigrante.

Los anuncios de reforma sanitaria de esta semana entre otras cosas comprometen el calendario de vacunación y sacarán a la Argentina de la OMS, con la excusa de que se trata de un organismo supranacional que amenaza la soberanía del país y condiciona las políticas en función de intereses espurios. Algún descuidado podría pensar que están hablando del FMI, pero no.

Ayer la senadora Lucía Corpacci, que preside la Comisión de Salud de la Cámara Alta, convocó al ministro de Salud Mario Lugones a brindar “un informe detallado sobre la situación sanitaria del país en general, y sobre el estado y destino de diversas áreas y/u organismos bajo la órbita del ministerio a su cargo”. La resolución con la cita habla de una “creciente incertidumbre” sobre el área.

Habrá que ver si Lugones asiste al Senado, o si en cambio decide hacer como sus pares Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona que consideraron optativas las interpelaciones que les hizo la cámara baja. Toda vez que el ministro de Economía y el de Justicia no pagaron ningún costo por hacerse la rata ante una citación del Congreso, los incentivos para que el de Salud asista son más bien escasos.

Si fuera, además de dar detalles del nuevo plan de salud copiado de la derecha yanqul y responder por el destino del Garrahan y también del Hospital Posadas, Lugones también debería brindar explicaciones sobre las numerosas denuncias de corrupción en el PAMI que salieron a la luz en los últimos meses con una particularidad: los denunciantes son todos de La Libertad Avanza.

Esta semana, un intendente radical del interior bonaerense denunció un negociado que afecta a diez mil afiliados del PAMI, de acuerdo al portal La Política Online. El jefe comunal de Madariaga, Esteban Santoro, hizo una presentación ante la Unidad Fiscal especializada pidiendo que se investiguen los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencia y fraude en perjuicio de la administración pública.

Santoro denuncia que el PAMI reasignó compulsivamente la atención que se brindaba en el hospital municipal hacia una clínica privada. Ya hubo denuncias por corrupción en la obra social de Jujuy, Misiones, Santa Cruz, Salta, La Pampa, Mendoza, Chaco y en varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Casos de corrupción que no suscitan la misma atención que otros.