Femicidios en Córdoba: errores del Poder Judicial y la impunidad persistente

Cuando en octubre de 2025, el femicida Pablo Rodríguez Laurta cruzó todo el país desde Uruguay para asesinar a Luna Giardina, la madre de su hijo; a su ex suegra, Mariel Zamudio; y al remisero que lo trasladó, Martín Palacio, el poder judicial cordobés quedó en el centro de los señalamientos. Laurta había sido detenido previamente, a principios de 2024, por violar la restricción de contacto y por acosar y amenazar a Giardina, luego de permanecer tres días escondido en el techo de la casa de ella para vigilarla. Sin embargo, lo soltaron. Y Laurta mató.

Para atravesar el vendaval de críticas y cuestionamientos, el poder judicial cordobés se dio a sí mismo una serie de protocolos y reglamentos. Una forma de plasmar en papel la promesa de que sus funcionarios habían aprendido del error. Pero un año y medio después llegó otro caso en el que resuenan los ecos de aquel. Y que demuestra que nada cambió. Claudio Barrelier secuestró, abusó y asesinó a Agostina Vega. Exactamente un año antes secuestró y amenazó a una mujer, que logró escapar de su casa maniatada, desnuda y a los gritos. Estuvo detenido 20 días y su denunciante asegura haber presentado innumerable cantidad de pruebas para sostener la acusación. Sin embargo, lo soltaron. Y Barrelier mató.

¿Y aquellos protocolos, aquellos reglamentos? Absolutamente soslayados por los mismos funcionarios que prometieron no volver a repetir el error. 

En las últimas horas, el fiscal General de Córdoba, Carlos Lezcano, y el fiscal General Adjunto, Alejandro Pérez Moreno, escribieron y firmaron la decisión de mantener al fiscal Raúl Garzón al frente de la investigación por el femicidio de Agostina. El mismo fiscal que demostró carecer por completo de la perspectiva de género necesaria para enfrentar este tipo de casos. El mismo fiscal que demoró tres días en detener a Barrelier, aunque había sido señalado muy temprano en la investigación y tenía antecedentes de violencia de género. El mismo fiscal que demoró una semana en allanar el domicilio de Barrelier buscando lo que tenía que buscar: el cuerpo de Agostina, rastros de la niña. El mismo fiscal que tardó una semana en caratular, finalmente, la causa como femicidio. El mismo fiscal que dedicó gran parte de la conferencia de prensa en la que anunció que había fracasado –es decir, que había encontrado a Agostina muerta– a ensalzar la destreza de los perros que hallaron su cuerpito desmembrado, en descomposición, adentro de bolsas de basura y en un descampado.

Según el reglamento de la propia Fiscalía General, aquel reglamento impulsado tras el papelón de no haber evitado que Laurta mate a tres personas, Garzón ya no debería estar al mando de esta causa. Una vez que la investigación quedó caratulada como femicidio, debió haber pasado a manos de una o uno de los ocho fiscales de género de la provincia. Sin embargo, para Lezcano y Pérez Moreno el femicidio de Agostina es "un caso excepcional" y por eso no lo investigarán fiscales especializados sino que continuará en manos de Garzón.

Lezcano y Pérez Moreno consideran que Garzón es "la alternativa más adecuada para resguardar la economía procesal, la concentración de la información relevante y la eficacia de las medidas en curso, evitando derivaciones que, en el caso concreto, podrían generar dilaciones o una innecesaria reiteración de intervenciones”.

¿Qué podría haber encontrado o hecho diferente una fiscalía preparada para investigar específicamente este tema? ¿Hubiera un nuevo fiscal revisado críticamente decisiones que tomó Garzón y que son cuestionadas con más o menos énfasis por los conocedores de las investigaciones en violencia de género? ¿Aprendió algo el poder judicial cordobés después de que en sólo dos años dos de los femicidios más resonantes de la Argentina fueran protagonizados por hombres dejados en libertad por sus propios funcionarios? Las respuestas se escriben solas.