El abogado cordobés Carlos Nayi, representante legal de cinco familias de víctimas del fentanilo contaminado, pidió este miércoles la detención del empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, y otras 24 personas vinculadas al opioide adulterado.
El letrado le solicitó le solicitó al Juzgado de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, la aprehensión de los implicados porque “han tenido directa o indirecta vinculación con los eventos anoticiados” y por los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense que detectaron un “nexo concausal” del fármaco en el desenlace fatal en al menos 11 casos. Con respecto al estudio que se conoció en las últimas horas, Nayi remarcó que la contaminación del fentanilo fue, a criterio de los peritos, una condición necesaria para que una parte de los decesos se produzcan.
“Consecuentemente, la relación causal exigida para vincular un resultado típico a una conducta humana, como primer paso para la imputación, se encuentra científicamente acreditado”, apuntó Nayi. En esa línea, el documento presentado sostiene: “Estaría suficientemente probada la existencia del hecho y la intervención punible de los investigados en él, como así también estaría demostrado, en base a indicios serios, coherentes y contundentes, el peligro procesal que la libertad de aquellos significa para la presente causa, todo ello en base a las razones de hecho y de derecho que, seguidamente, se exponen”.
Nayi exigió que se “evalúe el grado de responsabilidad penal y la adopción de medidas” contra los sindicados, quienes fueron “debidamente identificados”, a la vez que “se han dispuesto medidas cautelares sin perjuicio de otras responsabilidades funcionales a establecer”.
En diálogo con agencia Noticias Argentinas, el abogado afirmó que el pedido “se encuentra debidamente fundado en motivos doctrinarios” y negó que se trate de una “decisión caprichosa”. El querellante señaló que mantiene un “intercambio constante” con el magistrado de la causa. Afirmó que ya existen elementos suficientes para justificar “una sospecha fundada de que en el laboratorio donde se fabricó el Fentanilo, las condiciones operativas de la Planta eran precarias”.
El detonante que justifica el pedido de detención fueron las conclusiones del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema que dio a conocer el Tribunal, y que tomó estado público en las últimas horas: se determinó que las ampollas agravaron los cuadros clínicos de múltiples pacientes internados, contribuyendo además de manera directa en la muerte de varios internados. La tarea de los expertos se llevó a cabo sobre la base de 20 autopsias analizadas, arriando a la conclusión de que al menos en 11 casos, se pudo establecer un “nexo concausal” con la administración del fentanilo contaminado.
El peritaje se llevó a cabo en base al lote Lote 31202 realizado el 18 de diciembre de 2024 y contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. El análisis constató “un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal”.
Caso fentanilo: los argumentos del abogado Nayi para pedir la detención de García Furfaro
En la interpretación de Nayi, “si bien el cuadro infeccioso no fue la única causa de algunos decesos, sí se convirtió en un factor clave, que agravó significativamente el estado clínico del paciente, condicionando y acelerando la muerte de los pacientes”.
El abogado de Córdoba puso la lupa sobre cinco casos que fueron clasificados con el carácter de “nexo fortuito”, es decir que la bacteria asesina estuvo presente. Sin embargo, los pacientes padecían condiciones tan graves, como politraumatismos o cáncer avanzado, de modo que la infección no alteró el curso fatal.
En ese marco, apuntó: “Sobre ello, pondérese que aquí también estamos ante nexos de causalidad, pues si el fentanilo no hubiese estado contaminado las muertes no se hubieran producido así como sucedieron, habiéndose adelantado el deceso de los pacientes en base a dicha contaminación”.
La semana pasada, el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, anticipó que la Provincia iba a pedir ser admitida como querellante en la causa que investiga las muertes por fentanilo contaminado a pesar de que, como aseguró, el laboratorio involucrado no era proveedor del sistema público provincial.
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