El Gobierno resolvió apretar el acelerador con la reforma política para conseguir la suspensión de las PASO antes de fin de año. Con ese objetivo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, buscará cerrar en los próximos días acuerdos con los gobernadores dialoguistas, en especial los de la UCR, que le aseguren los votos necesarios para la media sanción en el Senado. Todo indica que el entendimiento -si ocurre- dejará más dudas que certezas entre los mandatarios, que no sólo necesitan recursos sino también garantías electorales que les faciliten la continuidad en sus distritos. Como resguardo, preparan un desdoblamiento generalizado de los comicios provinciales. Esta semana, el neuquino Rolando Figueroa dio la nota al convocar a elecciones para febrero, para alejarse lo máximo posible de la disputa nacional.
Santilli asegura que los votos para la reforma estarán y La Libertad Avanza convocó para el martes a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde espera conseguir dictamen y así llevarlo al recinto a la otra semana. En las últimas reuniones de la mesa política del oficialismo se repite una escena: el jefe de Gabinete, que habla con los gobernadores dialoguistas, sostiene que tendrán el número; la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, que habla con los senadores, le replica que cree que no. Con los plazos en contra, el Gobierno decidió avanzar, convencido de que sus aliados habituales sólo estiran las definiciones para conseguir algo más en la negociación, pero que su acompañamiento está fuera de discusión. Esa presunción comenzará a ponerse a prueba el martes, en un momento en que las encuestas muestran una nueva caída de Javier Milei en la consideración popular.
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En la Cámara alta son claves los cinco gobernadores radicales, que cuentan con un bloque de diez senadores cuya cohesión buscan preservar. Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy) viajaron el mes pasado a Francia con el Presidente y suelen acompañar los proyectos del Ejecutivo. Casi todos ya se pronunciaron a favor de suspender las PASO. Sadir incluso incurrió en un “sincericidio”: sostuvo que mantenerlas “le daría más herramientas a la oposición”, ubicándose en la vereda oficialista. Pullaro ensayó una pirueta discursiva al sostener que las primarias eran necesarias en su provincia, pero no a nivel nacional.
Sin embargo, para cerrar el acuerdo, cada gobernador tiene su propia agenda de reclamos y todos comparten uno: un entendimiento electoral en sus distritos que les garantice la continuidad en el poder y la renovación de sus actuales legisladores nacionales. Como difícilmente la ronda de conversaciones termine con algo firmado, dar el visto bueno exigirá una buena dosis de confianza en un Gobierno conocido por incumplir sus compromisos. Dentro del oficialismo tampoco hay una posición única: Martín y Lule Menem se oponen a resignar espacios que consideran necesarios para consolidar a LLA como una gran fuerza nacional. En Mendoza, por ejemplo, Cornejo reclama que bajen la candidatura de su ex correligionario, el diputado Luis Petri, favorito en las encuestas para sucederlo como gobernador.
Respecto de las bancas nacionales, el Gobierno planteará en el nuevo proyecto -cuyo texto todavía no se conoce- la habilitación de colectoras para las fórmulas presidenciales, una idea que tiene pocos entusiastas. La propuesta permitiría que las listas de candidatos a senadores y diputados de las fuerzas aliadas se cuelguen de la candidatura presidencial de Milei. Sin embargo, no termina de entenderse qué efecto tendría con la Boleta Única de Papel (BUP), que ya permite marcar una fórmula presidencial y elegir una lista de legisladores de otra fuerza. La iniciativa encierra, además, una contradicción política: en las provincias donde el peronismo implementó colectoras o la ley de lemas -un mecanismo diferente-, tanto el macrismo como el radicalismo fueron críticos feroces y llegaron a calificarlos de antidemocráticos. No parece probable que la propuesta alcance mayoría en el recinto.
También persisten las dudas con el PRO, el aliado más estrecho del oficialismo. Tras sucesivas reuniones, las negociaciones no avanzaron “nada”, según la tajante definición de Mauricio Macri. El principal reclamo del macrismo es un acuerdo que le garantice conservar el gobierno porteño, que ocupa desde hace dos décadas, pero La Libertad Avanza todavía no acepta esa condición. La negociación parece una pulseada en la que pierde quien cede primero. En el PRO aseguran que no tienen apuro y que el tiempo corre a su favor. Sólo cuentan con tres senadores, pero en Diputados su acompañamiento es indispensable. El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, de estrecha amistad con Santilli, insiste en que están a favor de mantener las PASO. En una guerra subterránea, desde LLA se divierten echando a rodar nombres de posibles candidatos en secciones electorales que el PRO cree que deben estar destinadas a un candidato de ellos.
Entre las idas y vueltas del PRO y la falta de un alineamiento pleno de todos los senadores radicales con sus gobernadores, en la Cámara alta calculaban que el oficialismo tenía asegurados entre 30 y 32 votos para la media sanción. Todavía le faltaban entre cinco y siete para llegar a los 37 necesarios. El lunes, los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) definirán junto con sus senadores qué posición sostendrán. Una vez más, sus votos podrían ser clave. Los tres tienen presente la advertencia de los principales referentes del peronismo: en este caso, acompañar al Gobierno será interpretado como un pase a las filas oficialistas. Jaldo ya se pronunció por mantener las PASO; Jalil, por eliminarlas; y Sáenz mantuvo una posición ambigua. La decisión final llegará este lunes.
En este panorama en el que se acerca el momento de las definiciones electorales pero persisten las dudas, la estrategia de los gobernadores será desdoblar y tratar de separar todo lo posible la discusión local de la nacional. Ya son 11 las provincias que adelantaron que votarán en fecha diferenciada de la nacional, pero se espera que sean unas 20 las que finalmente elijan anticipadamente. El último anuncio corrió por cuenta del neuquino Figueroa, de buen vínculo con la Casa Rosada, que sorprendió con una convocatoria para el 14 de febrero, que por ahora abrirá el año electoral. Con esa fecha, aceleró todo el cronograma y el cierre de presentación de candidaturas en la provincia será el 11 de diciembre, lo que dejó al Gobierno en la confusión acerca de qué decisión tomar. La senadora Nadia Márquez, a quien se señala como posible reemplazante de Patricia Bullrich como jefa de bloque, sería una candidata lógica, pero estaría invalidada por la ley de Ficha Limpia local dado que se acogió a una probation en una causa por la emisión de títulos educativos truchos.
Si el Gobierno finalmente se sale con la suya y consigue suspender las PASO, habrá que redefinir varias cuestiones. Con las primarias nacionales en pie, es casi un hecho que tanto la provincia como la ciudad de Buenos Aires unificarán sus calendarios electorales con el de Nación. Sin ellas, deberán discutir todo de nuevo, incluso si mantienen las primarias locales. Para el peronismo, el desafío será todavía mayor: prácticamente sin margen para organizar una interna partidaria a la vieja usanza, quedará obligado a negociar las candidaturas. Esa discusión volverá a poner en primer plano las tensiones que arrastra desde hace tiempo, sin la posibilidad de recurrir a las urnas para resolver lo que sus dirigentes no logren acordar.
