El gobierno de Javier Milei debió retroceder en su política de asfixia presupuestaria contra los organismos de Derechos Humanos forzado por un límite judicial. Tras semanas de incertidumbre que pusieron en riesgo cuatro décadas de búsqueda de identidad en la Argentina, el Poder Ejecutivo nacional transfirió 590 millones de pesos al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
El desembolso se concretó únicamente después de que el Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, dictara una medida cautelar que obligaba a la gestión libertaria a garantizar el normal funcionamiento de una institución que es modelo a nivel mundial. Este giro del Gobierno no responde a una súbita sensibilidad social, sino al fracaso de su estrategia de "ahogo" financiero.
"Resuelvo tener presente lo informado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros y por el Banco Nacional de Datos Genéticos, en cuanto dan cuenta de la adopción de medidas administrativas y presupuestarias destinadas a garantizar la continuidad operativa y funcional del Banco", indicó el magistrado en la resolución judicial.
Mientras que, al mismo tiempo, dejó en claro que las medidas informadas -es decir, dicha compensación presupuestaria de $590 millones- "ha permitido superar la situación de urgencia que motivó el dictado de la medida cautelar", el 14 de mayo pasado. A partir de ello, Ramos Padilla da por finalizada la intervención judicial.
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Durante los últimos meses, según denunciaron Abuelas de Plaza de Mayo y la propia directora del Banco, Mariana Herrera Piñero, el organismo enfrentaba una situación crítica de operatividad derivada de la insuficiencia de crédito presupuestario. El ajuste impulsado por el mileísmo había dejado al BNDG con apenas el 55,96% de los fondos solicitados para 2026, lo que comprometía servicios básicos como limpieza, seguridad y, lo más grave, el mantenimiento edilicio necesario para preservar muestras biológicas "únicas e irrepetibles".
La intervención judicial
La parálisis del BNDG no solo afectaba la producción de pericias genéticas actuales, sino que amenazaba con dañar irremediablemente el material recolectado desde 1987.
Frente a ello, el juez Ramos Padilla fue taxativo al advertir que el Estado argentino tiene la obligación internacional de investigar crímenes de lesa humanidad y que cualquier alteración en las condiciones de refrigeración o bioseguridad del archivo constituiría un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-militar.
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Tras la medida judicial y ante la posibilidad de enfrentar sanciones, la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni, debió articular reuniones de urgencia con las autoridades del Banco y comprometer las partidas necesarias para evitar el desguace definitivo del organismo.
Desde la asunción de La Libertad Avanza (LLA), el BNDG fue blanco de ataques sistemáticos: primero mediante el intento de modificación o disolución en la "Ley Bases" y luego a través de decretos que buscaban su intervención de hecho. Para las organizaciones de Derechos Humanos, este "ataque negacionista" busca obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones de investigar y sancionar delitos de lesa humanidad.
Cabe recordar que el Banco resguarda, actualmente, más de 32.000 muestras y perfiles genéticos de familiares que aún buscan a 300 nietos desaparecidos.
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