En la previa al paro docente nacional de este lunes 3 de agosto, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el Gobierno nacional volvió a amenazar a los docentes y advirtió que revisará el cumplimiento del 75% de cobertura mínima del servicio de clases en las escuelas de todo el país.
La nueva advertencia fue lanzada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras una reunión del Consejo Federal de Educación donde, según explicó, se ratificaron y artilcularon las inspecciones con el objetivo de revisar que los docentes cumplan con la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial.
"Conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro", justificó la ministra.
Petovello ya había amenazado a los docentes a través de otro comunicado en el que informó que este lunes 3 de agosto se realizará una inspección muestral en las escuelas de todo el país para asegurarse de que los gremios que convocan al paro cumplan con la prestación dispuesta por ley. "En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan", había advertido.
Según el artículo 145 de la ley, que se denomina prácticas desleales, las penalidades pueden ser económicas. "La multa será fijada por el juez hasta un máximo del equivalente al veinte por ciento (20%) de los ingresos provenientes de las cuotas sindicales que deban pagar los afiliados en el mes en que se cometió la infracción”, determina la normativa.
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El paro de este lunes convocado por CTERA por la apertura de paritarias docentes coincide con el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que apunta en contra del ajuste del Gobierno nacional.
Desde el gremio de docentes explicaron que la medida de fuerza responde a la "grave situación" que atraviesan las y los trabajadores de la educación "como consecuencia del ajuste" impulsado por el gobierno de Javier Milei. Entre los reclamos se encuentra la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y un aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios.
También se pide la restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales destinados a la educación; la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
Además, la medida es en rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa al advertir que es un "grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos".
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