El intendente poggista Jorge Gastón Hissa quedó nuevamente bajo la lupa tras calificar como "inverosímiles" las denuncias por presunta corrupción que alcanzan a su gestión. Mientras el jefe comunal de la ciudad de San Luis rechaza las acusaciones, la fiscalía continúa incorporando pruebas y esta semana el municipio debió responder un nuevo oficio judicial. El Destape se comunicó con la prensa del intendente para consultarle sobre su situación judicial, pero no obtuvo respuestas al momento de publicación de esta nota.
La principal investigación, conocida como causa Suela 13, indaga el presunto desvío de fondos públicos para el pago de las facturas de electricidad de un complejo deportivo privado vinculado a la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez.
La situación trasciende el ámbito municipal. Hissa llegó a la intendencia en junio de 2023 por el lema Cambia San Luis, dentro del mismo espacio político que llevó a Claudio Poggi a la Gobernación. El mandatario provincial participó de su asunción y ambos mostraron desde el inicio una fuerte sintonía política. Por eso, el avance de las investigaciones sobre la administración capitalina también impacta sobre el oficialismo provincial.
En una entrevista con el periodista Alberto Trombetta, Hissa sostuvo que se intenta "judicializar cuestiones totalmente inverosímiles" para obtener "una cuota de protagonismo". Sus declaraciones coincidieron con una nueva actuación judicial dentro del expediente que investiga el presunto uso irregular de recursos municipales para afrontar el pago del servicio eléctrico de un emprendimiento privado.
Cabe destacar que las declaraciones del intendente marcan un cambio respecto de la postura que sostuvo al comienzo de su gestión. Durante los primeros meses al frente del municipio promovió denuncias penales contra exfuncionarios de la administración anterior y defendió la judicialización como una herramienta para esclarecer posibles hechos de corrupción.
Ahora, con investigaciones que involucran a funcionarios de su propio gobierno, Hissa relativizó ese mecanismo y puso en duda las motivaciones de quienes recurrieron a la Justicia.
MÁS INFO
Qué investiga la causa Suela 13
La causa se inició a fines de junio, cuando el bloque de concejales del Partido Justicialista presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal. El expediente investiga presuntas irregularidades vinculadas al complejo deportivo privado Suela 13, un emprendimiento explotado por la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez, quien además preside la Liga Sanluiseña de Fútbol.
Según la denuncia, el municipio habría afrontado con fondos públicos las facturas del servicio eléctrico de ese predio privado, que habrían sido incorporadas junto con los pagos correspondientes a edificios municipales. El presidente del bloque justicialista, Juan Martín Divizia, sostuvo que la denuncia alcanza a Sánchez, a otras dos funcionarias y también al propio Hissa, por entender que el Ejecutivo municipal habría autorizado esos pagos.
Los concejales denunciantes calificaron la maniobra como un presunto "desfalco de varios millones de pesos" y señalaron la contradicción entre esos gastos y las políticas de ajuste implementadas por la Municipalidad. En el marco de la investigación, la fiscalía solicitó información a EDESAL para establecer la titularidad del suministro eléctrico del complejo.
La empresa respondió que el medidor permaneció a nombre de la Municipalidad de San Luis y que las facturas fueron abonadas por el municipio entre julio de 2025 y junio de 2026. Además, informó que la titularidad recién fue transferida a nombre de Laura Sánchez durante junio de este año. Junto con esa respuesta, EDESAL incorporó al expediente el contrato de alquiler del inmueble firmado en julio de 2025, donde Sánchez figura como propietaria.
Desde el municipio rechazaron las acusaciones. La secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, sostuvo que el suministro correspondía a un inmueble alquilado durante la gestión del exintendente Sergio Tamayo y aseguró que la actual administración ya había iniciado el trámite para dar de baja el medidor antes de la presentación de la denuncia.