La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley que busca tipificar y sancionar el uso de inteligencia artificial en la generación de contenido sexual sin consentimiento, en respuesta al crecimiento de los llamados “deepfakes” y otras formas de violencia digital.
La propuesta plantea la incorporación del artículo 128 bis al Código Penal, con penas de entre tres y seis años de prisión para quienes “creen, generen o modifiquen imágenes, audios o videos de contenido sexual explícito de personas reales mediante tecnologías de generación sintética” sin autorización.
Según la iniciativa, el objetivo es “combatir las nuevas formas de violencia digital” y actualizar la legislación frente al avance de herramientas tecnológicas que permiten manipular imágenes y videos con apariencia realista.
En ese sentido, el texto pone el foco en la protección de la intimidad y de grupos vulnerables. La pena se incrementaría en los casos en que las representaciones aparenten involucrar a menores de 18 años, incluso si las imágenes fueron creadas íntegramente por computadora y no existe una víctima identificable. “La tecnología no puede ser un vacío legal para vulnerar la intimidad de las personas. Hoy, una IA puede destruir la vida de una mujer o de un menor en segundos; el Estado debe castigar con firmeza la creación y distribución de estos contenidos”, sostiene la fundamentación del proyecto.
Entre los principales puntos, la iniciativa establece sanciones para la creación y difusión de contenidos sexuales sintéticos, así como también para su tenencia con conocimiento de su origen ilícito, con penas que van de un mes a un año de prisión.
Además, propone modificaciones a artículos vigentes del Código Penal. Por un lado, se reforma el artículo 155 para sancionar con hasta tres años de cárcel la difusión de imágenes obtenidas en ámbitos privados —como mediante cámaras ocultas o hackeos— incluso cuando hayan sido captadas originalmente con consentimiento. Por otro, se modifica el artículo 169 para incorporar la amenaza de difusión de material íntimo como una forma específica de extorsión, reforzando herramientas legales contra la denominada “sextorsión”.
El proyecto surge en un contexto de aumento de casos en los que se utilizan rostros de mujeres y menores para superponerlos sobre cuerpos desnudos mediante aplicaciones de inteligencia artificial. De acuerdo con la propuesta, al no requerirse una víctima real en algunos supuestos —como en representaciones que simulan minoridad— la reforma apunta a cerrar vacíos legales y desarticular la producción de este tipo de contenidos.
De aprobarse, la iniciativa posicionaría a la Argentina entre los países de la región que avanzan en la regulación penal de los usos abusivos de la inteligencia artificial, con énfasis en la protección del derecho a la intimidad.
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