Con el inicio del segundo cuatrimestre de 2025, las universidades nacionales en Argentina retoman las clases en un contexto de profunda crisis presupuestaria. A pesar del esfuerzo sostenido de docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades, el ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei dejó al sistema universitario público con un financiamiento mínimo y salarios deteriorados. En este escenario crítico, toma relevancia el debate sobre el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, una iniciativa que busca revertir la emergencia y garantizar los fondos necesarios para sostener la educación superior pública.
El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario fue presentado en el mes de mayo en la Cámara de Diputados, con el respaldo de una amplia representación del arco académico y político. Surge como respuesta directa al desfinanciamiento promovido por el Gobierno Nacional y propone elevar progresivamente el presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.
En qué consiste el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario
El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario tiene como objetivo garantizar un financiamiento estable, progresivo y suficiente para las universidades nacionales, sin crear nuevos impuestos ni comprometer el equilibrio fiscal. Su eje central es establecer una asignación específica y automática de fondos provenientes de la coparticipación federal, asegurando que el sistema universitario cuente cada año con recursos actualizados según la inflación y las necesidades salariales.
Entre los principales puntos del texto legislativo se destacan:
- Aumento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar, en 2031, el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
- Recomposición salarial para trabajadores docentes y nodocentes, con base en la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
- Convocatoria obligatoria a paritarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional, tras 18 meses sin acuerdos formales.
- Garantía de fondos anuales para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, investigación y extensión.
- Creación de un fondo especial de $10.000 millones, actualizable, destinado a fomentar carreras estratégicas como las vinculadas a la Inteligencia Artificial.
- Ampliación del sistema de becas universitarias con criterios de inclusión y equidad socioeconómica.
La iniciativa subraya que la educación universitaria es un derecho humano, un bien público y social, y un motor del desarrollo del país. En esa línea, respalda su fundamentación en la Constitución Nacional (art. 75, inc. 19) y en la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
Desde diciembre de 2023, las universidades enfrentan un panorama cada vez más desalentador: caída del 30% en el presupuesto 2024, salarios por debajo de la línea de pobreza, y una reducción del 32% en la inversión universitaria acumulada desde 2023, según informes del IEC-CONADU y ACIJ. La situación llevó a una pérdida de poder adquisitivo superior al 28% en el sector docente y al congelamiento de becas como las Progresar, que perdieron más del 40% de su valor real.
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A esto se suma la decisión del gobierno de vetar en 2024 una ley de financiamiento que había sido aprobada por el Congreso, lo que motivó marchas federales universitarias y una serie de paros y protestas que continúan hasta hoy.
En este contexto, el proyecto de ley recientemente presentado apunta a revertir el vaciamiento presupuestario, restaurar el funcionamiento institucional, y sostener una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad.
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