El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rechaza que la ex presidenta Cristina Kirchner cumpla su condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia en el barrio de Constitución. A través de una presentación formal ante el Tribunal Oral Federal N.º 2, la Procuración General porteña advirtió sobre el impacto negativo que esa medida tendría en la dinámica urbana, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una de las zonas más densamente transitadas del macrocentro.
La presentación fue hecha por instrucción del jefe de Gobierno, Jorge Macri y según reza el escrito al que accedió El Destape se destaca la "profunda preocupación" por las consecuencias que implicaría establecer un dispositivo de custodia permanente en una zona ya afectada por problemas estructurales de tránsito, concentración de personas y funcionamiento de servicios.
Desde que se conoció la condena contra la exmandataria, afirman desde la gestión porteña. ya se han registrado concentraciones espontáneas, cortes de calles, ruidos molestos y una sobrecarga operativa sobre las fuerzas de seguridad locales.
El gobierno de la Ciudad subraya que la presencia permanente de fuerzas federales y el consecuente esquema de vigilancia alterarían de forma prolongada el entorno urbano, afectando directamente a vecinos, comercios, instituciones educativas y organismos públicos cercanos. El documento adjunta informes técnicos que detallan el potencial colapso del tránsito y la interrupción del transporte público en una zona crítica para la movilidad porteña.
En el detalle de esos informes se resaltan los cortes en calles clave en la zona como San José, Entre Ríos, Salta y Lima que obligan a desviar líneas de colectivos por lo que afectan la conectividad del transporte. A ello se suma, remarcan, que "el vallado perimetral y presencia policial sostenida obligan a desviar tráfico de autos particulares y transporte público por calles alternativas ya saturadas".
No solo el problema pasa por el transporte sino también por la problemática para ingresar a viviendas, comercios, escuelas y hasta la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; y también para la higiene y limpieza en el lugar. "Se requieren más camiones y personal porque los recolectores no pueden entrar con normalidad", explicaron desde Ciudad.
Ante ese escenario, la Ciudad solicitó que, en caso de que la Justicia avance con la prisión domiciliaria en esa ubicación, se dispongan medidas excepcionales para preservar el orden público y garantizar la continuidad de los servicios urbanos, con intervención coordinada entre autoridades nacionales y locales. Sin embargo, dejó sentada su postura de que el domicilio en Constitución no es adecuado para cumplir con una medida de tal envergadura.
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