Salta sigue de cerca el debate que se desarrollará este miércoles en el Congreso de la Nación, donde la Cámara de Diputados tratará la modificación de la Ley de Glaciares. En este contexto, vecinos de la provincia manifestaron su inquietud por el posible impacto que estas modificaciones podrían tener en la provincia en términos ambientales, mientras el gobernador Gustavo Sáenz apoya el proyecto libertario con la idea de "destrabar inversiones" para la provincia.
El proyecto propone cambios en la normativa vigente, especialmente en lo referido a la delimitación de las áreas protegidas, incluyendo zonas periglaciares. Además, plantea otorgar mayor autonomía a las provincias para decidir sobre el uso de sus territorios, lo que podría habilitar actividades económicas como la minería en sectores actualmente restringidos. En comunicación con Qué Pasa Salta, una de las voces que se expresó fue la de Agustina, residente del barrio Tres Cerritos, quien planteó la necesidad de ampliar la participación ciudadana en el tratamiento de temas ambientales.
Según indicó, el proceso de debate incluyó audiencias públicas que generaron cuestionamientos. De acuerdo con su relato, si bien hubo más de 100 mil inscriptos para participar, "solamente pudo participar el 0,3%, y no se especificaron los criterios".
En ese marco, organizaciones y ciudadanos impulsan una movilización a nivel nacional para este miércoles, con el objetivo de visibilizar sus reclamos ante los legisladores. "Será una movilización masiva nacional para que los diputados tengan en cuenta que esta modificación no solo impacta en la Patagonia, sino también en Salta", indicó.
La preocupación local está vinculada a las características geográficas de la provincia, donde existen zonas de alta montaña y áreas periglaciares que cumplen un rol clave en el abastecimiento de agua. Entre ellas se mencionan regiones como el Nevado de Cachi, Tolar Grande, Abra de Laca y Socompa, que forman parte de cuencas hídricas fundamentales para el desarrollo productivo y el consumo humano. En ese sentido, los cuestionamientos apuntan a que una eventual flexibilización de los controles podría afectar estos ecosistemas, con posibles consecuencias sobre el acceso al agua, la actividad agrícola y ganadera, y las condiciones de vida de las comunidades locales.
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El respaldo de Sáenz al proyecto
La participación del mandatario salteño no se da en forma aislada, sino en conjunto con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Jujuy, Carlos Sadir, quienes integran el denominado “triángulo del litio”. Los tres dirigentes buscarán respaldar una reforma que, según sostienen, apunta a clarificar aspectos de la legislación vigente para facilitar inversiones en el sector minero.
En el centro de esta estrategia se encuentra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional y adoptado por Salta a través de la Ley provincial 8451. Este esquema contempla beneficios fiscales, estabilidad normativa y condiciones preferenciales para grandes proyectos, con el objetivo de atraer capitales internacionales y consolidar el posicionamiento de la provincia en la transición energética global.
De acuerdo con estimaciones oficiales, las inversiones proyectadas en Salta podrían superar los 10.000 millones de dólares, especialmente en el desarrollo de litio. Entre los proyectos más avanzados se destacan Rincón Lithium, de la empresa Rio Tinto, con una inversión estimada en 2.700 millones de dólares, y Diablillos, de AbraSilver, con una inversión cercana a los 760 millones.
A estos se suman otras iniciativas en distintas etapas de evaluación, como Sal de Oro, Litio Ángeles Argentina y proyectos de la firma Ganfeng Lithium, entre ellos Pozuelos–Pastos Grandes, que podría convertirse en uno de los mayores emprendimientos del país en producción de carbonato de litio.
En paralelo, la participación de Sáenz en el Congreso se inscribe en una estrategia política más amplia, que combina el respaldo a iniciativas del Gobierno nacional con la defensa de intereses provinciales vinculados al desarrollo económico. En ese equilibrio, la reforma de la Ley de Glaciares se convierte en un eje donde confluyen las necesidades de inversión, las demandas ambientales y las tensiones políticas.
A pesar de que los glaciares cumplen una función vital para el ecosistema, como regular caudales, sostener los ríos andinos y garatantizar la recarga de cuencas hidrográficas, el proyecto oficial propone modificar ese esquema bajo el argumento de generar “seguridad jurídica” para atraer inversiones extractivas. En realidad, se busca flexibilizar prohibiciones vigentes y habilitar actividades en zonas hoy protegidas. En este marco, el apoyo de Sáenz al proyecto nacional se lee como un movimiento contraproducente para la región por parte de sectores ambientalistas.
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