Este martes, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación realizó una conferencia de prensa para repudiar la denuncia impulsada por el Gobierno nacional contra periodistas para que no difundan audios de las presuntas coimas atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La legisladora del bloque Convicción Federal y presidenta del organismo, Carolina Moisés, aseguró que la respuesta del Ejecutivo "siempre es la violencia ante la falta de argumentos".
Este lunes, el juez Patricio Maraniello dictó una medida cautelar que ordenó "el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29 de agosto de 2025 que sean atribuidos a Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".
El presidente Javier Milei y su hermana impulsaron una denuncia penal motorizada desde el Ministerio de Seguridad donde denuncian espionaje ilegal y piden allanamientos y entrecruzamiento de llamadas de medios y periodistas que protagonizaron la publicación de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo y que se prohíba cualquier publicación de ese material.
La cuestionada decisión judicial de Maraniello activó una rápida reacción por parte de la oposición en ambas cámaras del Congreso en repudio a la censura impuesta por la gestión libertaria. Mediante una conferencia de prensa, diversos senadores calificaron los hechos como de "extrema gravedad" y "nunca antes experimentados en democracia".
"Nosotros como senadores y senadoras nacionales debemos tutelar la Constitución Nacional, por lo tanto expresamos que lo que ha hecho el Poder Ejecutivo en este caso, bajo la firma del Presidente y la Ministra de Seguridad es anticonstitucional", señaló Moisés desde la conferencia en el Congreso. La senadora también planteó que las denuncias contra periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico "son una maniobra para desviar la atención" de las grabaciones que profundizan la crisis política dentro de Casa Rosada.
En el mismo sentido, agregó: "Es nuestra responsabilidad específicamente dentro de esta comisión generar las garantías y derechos de los periodistas y medios de comunicación, tutelando la libertad de expresión, de prensa, empresa y sobre todo la libertad de los ciudadanos de comunicarse por los medios que elijan de una forma sin condicionamientos".
En tanto, el legislador de la UCR Martín Lousteau aseguró que "la libertad de prensa y la seguridad de las fuentes es algo que está contemplado y garantizado por la Constitución", de modo que "es importante que este cuerpo legislativo proceda a asegurar eso todavía más".
Luego, defendió la labor de los periodistas y afirmó: "Si cuando se publica algo que no le gusta al Gobierno puede proceder a allanar un domicilio de un periodista o su lugar de trabajo, piensen cómo se sentirían ante esto". "Estaríamos dando un paso muy problemático", remarcó.
En tanto, su compañero de bloque Pablo Blanco explicó que el objetivo de la conferencia de prensa es "en defensa de una libertad y bajo ningún punto de vista podemos permitir este tipo de atropellos que está llevando el Ejecutivo, hace bastante tiempo incluso con calificativos hacia todo aquel que piensa de manera distinta". "Lo que sucedió ayer traspasa la barrera y no se puede permitir bajo ningún punto de vista este tipo de actitudes", señaló.
Blanco también cargó contra el juez Maraniello: planteó que el fallo a medida que firmó el magistrado se debe a "las causas que tiene en el Consejo de la Magistratura" lo llevaron "a tomar esta decisión francamente violatoria de la Constitución". Sobre ese mismo magistrado pesan múltiples denuncias por, entre otros delitos, acoso sexual, violencia de género, acoso laboral y abuso de poder.
El pedido de allanamientos de Carnaval Stream y los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico
En la denuncia que el gobierno de Milei presentó para conseguir frenar la difusión de nuevos audios que tengan a Karina Milei como protagonista de una presunta red de coimas, se solicitaron una serie de allanamientos. Las medidas requeridas al juzgado federal número 12, que es subrogado por Julián Ercolini, son sobre el canal que difundió los primeros audios y sobre los domicilios de periodistas y empresarios.
En la presentación hecha por Fernando Soto, abogado representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, se requirió entre las medidas de prueba los "allanamientos y secuestro forense en las oficinas y estudios de 'Carnaval Stream'", un medio de comunicación vinculado a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Asimismo, piden ordenar allanamientos en los domicilios del propio Toviggino, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, dueño del portal de noticias Data Clave. Otro de los apuntados es el empresario de medios Franco Bindi, a quien en Casa Rosada señalan por estar detrás de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo.
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