El proceso de privatizaciones que se abrió con la ley bases genera cada vez más dudas. La falta de respuesta del gobierno de Javier Milei a los controles del Congreso, el cobro inmediato de dividendos por parte de los empresarios que se quedaron con Transener y la maniobra para correr al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) configuran un estado de sospecha que tiñe todo el proceso.
La inquietud de la oposición aumentó ayer cuando se cumplió sin respuesta el plazo de 15 días hábiles que había fijado el 12 de agosto la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones para que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas entregara información sobre los procesos para la venta de un conjunto de empresas estatales.
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La lista incluye a Ferrocarriles de Carga y Pasajeros, Corredores Viales, Aysa, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. La sospecha es que el Gobierno quiere subvaluar la empresas del Estado y venderlas a precio de remate.
El pedido de informes, motorizado por el bloque de Unión por la Patria (UP) pero firmado por todos los integrantes de la comisión, apunta a determinar, entre otras cosas, si ya se realizó la valuación de los activos en poder del Estado en cada una de esas empresas y a conocer cómo se hicieron esas valuaciones.
La pregunta no es inocente: poco después de iniciado el proceso de privatizaciones, el Gobierno corrió al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), un organismo especializado con casi cien empleados, y, por medio de una maniobra que quedó registrada paso a paso en documentos oficiales, asignó la tarea al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que creó una gerencia de apuro que hoy cuenta con apenas cuatro empleados.
El BICE intervino en la tasación de seis empresas sujetas a privatización, entre ellas, Citelec, que es parte de Enarsa y controlante de Transener, transportista de energía eléctrica de alta tensión, central para el funcionamiento del sistema energético argentino.
Todo el proceso fue extraño. En diciembre de 2025 el Ministerio de Economía aprobó el pliego para la venta del 50% de las acciones de Citelec, estableció un precio base de US$206 millones, que justificó por la tasación hecha por el BICE, que nunca fue publicada. El precio podría considerarse bajo, dado que, según sus últimos balances, la empresa registraba utilidades anuales superiores a los US$200 millones.
Pero eso no es todo. El 8 de mayo el Ministerio de Economía adjudicó la venta por US$356 millones de dólares a Geneia, de Jorge Brito y otros, y Edison Energía, de los hermanos Jorge y Patricio Neuss, muy cercanos a Santiago Caputo. El escándalo volvió a escalar esta semana cuando se conoció que el 31 de agosto, el mismo día en que tomaron control de la empresa, los nuevos dueños se cobraron parte de lo que habían puesto para la compra, a partir de un reparto de dividendos acumulados por los anteriores accionistas, es decir, por el Estado.
“La distribución de dividendos refuerza que la tenencia estatal sobre Citelec y Transener era estratégica y le reportaba ganancias. Es decir, se refuerza que se trató de una privatización ideológica, no fiscal”, dice la diputada de UP Julia Strada, una de las que presentó el 3 de julio un pedido ante el presidente de la comisión bicameral, el senador libertario Pablo Cervi, para que cite a los funcionarios del Poder Ejecutivo a dar explicaciones.
Hasta ese momento, la comisión sólo había tenido una reunión de trabajo, en noviembre pasado. Ante la presión opositora, la comisión volvió a reunirse el 12 de agosto y resolvió requerir informes a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que dirige Diego Chaher, “de manera urgente y en los próximos 15 días hábiles”. El plazo se cumplió sin que el funcionario respondiera.
Los diputados del peronismo también pidieron citar al presidente del TTN, Julio Villamonte, y al presidente del BICE, Maximiliano Voss. Son protagonistas de otro capítulo del escándalo de las privatizaciones.
Villamonte, un funcionario que llegó al tribunal durante el gobierno de Mauricio Macri, rechazó llevar adelante la tasación de las empresas estatales a mitad del año pasado. Con el asesoramiento de funcionarios del Ministerio de Desregulación, de Federico Sturzenegger, sostuvo que el TTN se dedica a tasar activos tangibles y que no está capacitado ni facultado para realizar evaluaciones sobre ganancias futuras de una empresa. Hay antecedentes que lo contradicen, como las tasaciones que hizo el propio tribunal en 2008 y 2012 en las expropiaciones de Aerolíneas Argentinas y de YPF.
La asignación de las tareas al BICE es todavía más opaca. El banco creó la gerencia de Valuación de Empresas en mayo de 2025, en una reunión de directorio en la que intervinieron dos integrantes del equipo económico, Martín Vauthiery Felipe Núñez, y Nicolás Scioli, hermano de Daniel. En julio, cuando el BICE respondió a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas que podía hacer las tasaciones el único empleado del área era el gerente.
En el mes de agosto de 2025 se incorporó a dos empleados y en diciembre a otro más. Esta estructura de cuatro personas fue la encargada de ponerle precio a las represas hidroeléctricas del Comahue, las acciones de Enarsa en Transener, Intercargo, el Belgrano Cargas y Aysa. El 4 de diciembre de 2025 el directorio del BICE introdujo una reforma en la política de valuación de las empresas: se eliminó el control de calidad externo que hasta entonces se requería para la tasaciones de las compañías a privatizar.