El Congreso Provincial de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) comenzó la semana con un paro de 72 horas que se extenderá hasta el miércoles 8 de julio, en el marco del plan de lucha que el gremio sostiene por una recomposición salarial y una serie de demandas vinculadas con las condiciones laborales y edilicias del sistema educativo.
El conflicto docente comenzó a tomar fuerza durante las primeras semanas del mes de febrero cuando se solicitó la recomposición urgente, la continuidad de mecanismos de actualización salarial y mejores condiciones para el funcionamiento de las escuelas. Sin ningún tipo de respuesta por parte del gobierno de Claudio Vidal, los maestros endurecen las medidas: la semana pasada llevaron a cabo un paro por 96 horas y el fin de semana decidieron intensificar el plan de lucha.
A través de un comunicado, ADOSAC reiteró sus principales reclamos. “Exigimos una propuesta salarial que nos saque de la pobreza, que se trate la propuesta pedagógica, que se reparen los colegios con problemas edilicios y que se devuelvan los descuentos ilegales que llevó adelante el Gobierno sobre los salarios de la docencia”, expresó la organización sindical.
La decisión fue adoptada luego de que el sindicato considerara insuficientes las propuestas presentadas por el Ejecutivo provincial en el ámbito de la negociación paritaria, al entender que no permiten recuperar el poder adquisitivo de los salarios frente al proceso inflacionario.
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La última propuesta contemplaba el siguiente esquema: incremento del 3% para junio, 10% para julio, 1% para agosto, 1% para septiembre, 1% para octubre y 1% para noviembre, todos sobre el valor punto, con carácter acumulativo e impacto tanto para docentes activos como jubilados. En cuanto a los descuentos por las medidas de fuerza, el gremio había solicitado que la devolución se realice en una sola cuota, planteo que no fue incorporado por el Ejecutivo.
Mientras que desde la administración de Vidal sostienen que las negociaciones permanecen abiertas y remarcan que las ofertas salariales formuladas en las reuniones paritarias fueron elaboradas de acuerdo con las posibilidades económicas de la provincia.
"Comprometerá a futuras gestiones": la oposición carga contra Vidal por el endeudamiento en Santa Cruz
La diputada provincial de Unión por la Patria (UxP) Agostina Mora apuntó contra el proyecto del gobernador Claudio Vidal para endeudar a la provincia por 600 millones de dólares para hacerle frente al déficit. La legisladora sostuvo que se trata de una ley de endeudamiento y rechazó la denominación de "financiamiento estratégico" utilizada por el Gobierno. "Estamos hablando de una deuda que comprometerá a futuras gestiones durante muchos años", apuntó.
El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, aseguró que la provincia atraviesa una situación "crítica" y confirmó que el Gobierno analiza herramientas de corto plazo, como "adelantos de coparticipación" y "una emisión de bonos".
Verbes explicó que la caída de ingresos durante el primer trimestre del año fue "aún peor" de lo proyectado inicialmente y remarcó que la disminución de recursos nacionales y provinciales impactó de lleno en las finanzas santacruceñas. En declaraciones para La Vanguardia Noticias, indicó que el presupuesto provincial contempla actualmente un déficit cercano a los 350 mil millones de pesos.
El territorio santacruceño atraviesa una situación crítica, agravada por la caída de la actividad económica, el desempleo y el impacto de la paralización de distintos proyectos productivos. Desde los diversos sectores comenzaron a cuestionar esta iniciativa: la diputada Mora aseguró que, desde la presentación del proyecto hasta la cotización actual del dólar, "la provincia ya perdió 51 mil millones de pesos por la variación cambiaria".
Ante este escenario de asfixia financiera que golpea directamente a los municipios, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se reunió junto a otros jefes comunales y presentaron un proyecto de Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial para que el 50% de los fondos UNIRSE se redistribuyan entre las localidades, de acuerdo a los coeficientes de coparticipación vigentes.
Los intendentes señalaron que, mientras "enfrentan el deterioro social en sus localidades", esta iniciativa sirve para "marcarle límites a un gobierno alineado con Javier Milei y cada vez más identificado con el ajuste, el achique del Estado y la paralización económica".
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