A un mes de cumplirse el primer acampe por parte de la Policía de Santa Cruz, el gobierno de Claudio Vidal denunció penalmente a todos los autoconvocados de la fuerza. El argumento de la demanda judicial es por "obstaculización" y "amenazas" perpetuadas a los empleados y funcionarios que ingresan a la Casa de Gobierno, a días del inicio de la instalación en el mismo predio. El referente de los policías autoconvocados, Ramón Quipildor, denunció a El Destape: "Vidal es un hipócrita. Solo quieren dilatar el conflicto".
El pasado martes, luego de la reunión fallida con el Consejo del Salario, las fuerzas policiales ingresaron al patio interno de la Casa de Gobierno en Río Gallegos y solicitaron un nuevo diálogo urgente con el Poder Ejecutivo provincial ya que desconocieron la legitimidad del encuentro por falta de funcionarios responsables. Desde la Policía local aseguraron que "no es una toma" sino "una acción pacifica en un espacio público."
“Cuando Vidal era sindicalista llevaba adelante paros, tuvo en muchas oportunidades de rehén a la población. No tiene moral para denunciarnos, cuando realizaba sus paros amenazaba a los trabajadores que no se sumaban a las medidas de fuerza”, especificó el autoconvocado quién lo catalogó como "hipócrita y de contradicción".
Desde el Gobierno de Vidal solo habían anunciado un cuarto intermedio para el 30 de junio por lo que la lectura que tienen los representantes de la Policía es concreta: "En diversas oportunidades quisimos hablar con él. No busca consensos, ni fomenta el diálogo. Quieren dilatar el conflicto".
“Es una denuncia que no tiene sentido. No tiene una base sólida, legal o jurídica. Es mentirosa y pretende ensuciar nuestra lucha, que es únicamente por mejores condiciones salariales", detalló a este medio el ex oficial quién expuso que los "funcionarios ingresan a sus puestos de trabajo sin problema". Así, consideró que la denuncia es “mentirosa” ya que no se han cometido daños o se han forzado los accesos.
“Los compañeros que fueron al patio interno no han realizado ningún daño. A tal punto nos cuidamos que no pisamos ni el césped para no darles motivos al gobierno de acusarnos”, detalló Quipildor mientras se suma a la adhesión de nuevas dependencias como El Calafate o Tres Cerros.
Críticas a Vidal
Respecto a la posibilidad de la intervención de las fuerzas federales, tal como lo establece la demanda penal, Quipildor aseguró que es una herramienta válida de utilizar por parte del Ejecutivo provincial. “En una situación como la que estamos atravesando es válido que el Ejecutivo utilice fuerzas federales para las tareas preventivas ya se pueden ver en Caleta Olivia, Río Gallegos y en pueblos. Nosotros desde nuestro lugar garantizamos las situaciones de emergencia o las tareas en el Servicio Penitenciario”, detalló.
Así el referente de los autoconvocados asegura que las medidas de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad continuarán ya que consideran que su reclamo es válido y pacífico. “Nosotros tenemos un reclamo genuino, queremos un buen salario y trabajar. A nuestras marchas no solo va la familia policial sino también la sociedad nos acompaña, son de 6 o 7 cuadras, eso muestra el acompañamiento de la gente”, detalló.
Frente a la posibilidad de un reclamo en conjunto de la mesa sindical que integran docentes, personal de salud, y trabajadores de ATE, Quipildor asegura que existen posibilidades de realizar reclamos y apoyos en conjunto. “Desde el año pasado estamos reunidos con el frente sindical donde planteamos nuestra situación. Estamos abiertos a realizar acciones en conjunto, incluso muchos referentes se han acercado a expresar su apoyo”.
Historia del conflicto
La disputa salarial entre el Gobierno provincial y los efectivos de seguridad tiene antecedentes que se remontan a febrero, cuando integrantes autoconvocados de la Policía y del Servicio Penitenciario presentaron un petitorio en el que reclamaron la convocatoria urgente a una mesa de negociación salarial y una recomposición de haberes.
El documento, entregado el 8 de febrero en Río Gallegos, describió un escenario de fuerte deterioro económico para el sector. Según los agentes, los salarios acumularon una pérdida del 67% de su poder adquisitivo entre 2024 y 2026, situación que habría llevado a gran parte del personal a percibir ingresos por debajo de la línea de pobreza e incluso de indigencia.
El planteo incluyó un pedido concreto para elevar el salario de bolsillo de un agente a 3,8 millones de pesos. Además, los trabajadores solicitaron el pago completo de los viáticos, al señalar que actualmente solo se reconoce la mitad de ese concepto. Otro de los puntos planteados fue la creación de un adicional por insalubridad. Los efectivos argumentaron que desarrollan sus tareas en contextos de exposición permanente a situaciones de violencia, altos niveles de estrés y riesgos físicos y psicológicos.
La disputa salarial alcanzó uno de sus momentos más críticos el 27 de mayo. Ese día, trabajadores autoconvocados de ambas fuerzas montaron una permanencia frente a la Casa de Gobierno de Río Gallegos para reclamar la conformación de una mesa de negociación salarial.
Con el correr de los días, las medidas de fuerza se intensificaron. Entre el 3 y el 4 de junio se registraron autoacuartelamientos, retenciones de tareas y nuevas permanencias en diferentes localidades de la provincia, incluida la Jefatura de Policía, ampliando así el alcance del reclamo.
El 10 de junio se llevó a cabo la primera reunión de relevancia en el marco del Consejo del Salario. Sin embargo, las partes no lograron arribar a un entendimiento y las conversaciones quedaron en cuarto intermedio luego de que la propuesta oficial fuera considerada insuficiente. Más tarde, el 17 de junio, un nuevo encuentro concluyó con el rechazo de dos ofertas presentadas por el Gobierno. La falta de acuerdo derivó en la convocatoria a nuevas manifestaciones y las negociaciones habían quedado suspendidas hasta el 23 de junio.
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