"La derogación de la Ley de Tierras Rurales afecta el dominio de las provincias por una cuestión de prelación: una ley nacional condiciona toda la legislación provincial", denunció el senador riojano Fernando Rejal a El Destape sobre la autonomía de las provincias a pocos días de que se retome el tratamiento en el Senado. Tras recordar el caso riojano que dio origen a la norma sancionada en 2011, el legislador nacional sostuvo que, si prospera la iniciativa del oficialismo, la Argentina podría enfrentar litigios en tribunales internacionales.
Tras el cuarto intermedio solicitado por Patricia Bullrich ante la falta de votos del oficialismo en la Cámara Alta, Rejal reclamó a los gobernadores que actúen con coherencia frente al contexto económico que atraviesan las provincias. "Hay que tener mucho cuidado cuando se legisla. Con este proyecto, el Gobierno nacional cede la jurisdicción a otros tribunales que están fuera del país", cuestionó, al tiempo que advirtió sobre un posible incremento de los juicios en tribunales extranjeros, en línea con lo ocurrido en 2010 con el caso de Valle Hermoso, en La Rioja, que se remataron 200 mil hectáreas con toda su población, viviendas e iglesias dentro.
"Las provincias la están pasando muy mal. Si todos los gobernadores se pusieran de acuerdo, no estaría pasando lo que está pasando, como sucede con el impuesto a los combustibles", exclamó el referente riojano mientras en los pasillos del Senado se debate el voto a voto entre el oficialismo y ciertos sectores de la oposición. "Esto es una alerta para todos los gobiernos provinciales. Nos pueden comprar la frontera argentina", alertó sobre el impacto que tendría la reforma sobre las autonomías provinciales.
La letra chica de la derogación
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone eliminar los principales límites establecidos por la Ley 26.737 para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Entre ellos, el tope del 15% de tierras rurales a manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, el límite del 30% para una misma nacionalidad, las restricciones para adquirir hasta mil hectáreas en zonas de seguridad de frontera y la prohibición de comprar inmuebles lindantes con cuerpos de agua de envergadura.
Además de denunciar una pérdida de soberanía sobre las zonas de frontera y los recursos naturales, especialistas en criminología advirtieron a este medio sobre el riesgo de lavado de activos y el posible crecimiento del narcotráfico y del crimen organizado como consecuencia de una menor capacidad de control en áreas fronterizas disponibles para actividades ilícitas.
Pero para Rejal la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del oficialismo. "No podemos separar el contexto de los distintos proyectos que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso. El DNU 70/23, la Ley Bases, el desfinanciamiento a parques nacionales y la denominada Ley Hojarasca tienen el mismo objetivo: facilitar la entrega del patrimonio de todos los argentinos a manos privadas que, por lo general, son capitales extranjeros", cuestionó.
Cabe destacar que el proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina la Ley de Manejo del Fuego lo que habilita la venta de tierras que fueron azotadas por incendios, muchos de los casos, intencionales. "Esa protección se elimina. Hay una clara intencionalidad de facilitar la venta y la extranjerización de las tierras, especialmente a capitales extranjeros", sostuvo.
El antecedente riojano
Rejal recordó que la ley vigente nació a partir de un conflicto ocurrido en La Rioja, cuando el estadounidense Yosef Jaime Libersohn adquirió unas 200 mil hectáreas que incluían el pueblo de Valle Hermoso, viviendas, una iglesia y una de las principales reservas de agua de la provincia a través de un remate judicial.
Según explicó, ese caso derivó en una extensa disputa judicial que llegó tanto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como a tribunales de Nueva York. "Los pobladores acudieron a la Justicia riojana para que resolviera la situación. Quienes habían comprado recurrieron a la Corte Suprema porque existía un conflicto de jurisdicción entre la provincia y la Nación", recordó.
Finalmente, la Justicia provincial declaró nula la operación y el Gobierno riojano restituyó los títulos de propiedad a los habitantes del lugar. "Estamos hablando de un pueblo entero, de sus casas, de su iglesia y de su gente. La venta fue declarada nula y luego la provincia les entregó los títulos de propiedad a los pobladores", señaló.
A partir de esa experiencia, Rejal consideró que eliminar las restricciones actuales reabrirá conflictos similares. "La Ley de Tierras fue el antecedente para evitar que esto volviera a ocurrir. Si hoy se eliminan esos límites, la Argentina se va a comer varios juicios en tribunales que no están en el país", advirtió.
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