En un nuevo revés para el gobierno de Javier Milei, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín falló en favor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y frenó el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto emitió una medida cautelar que garantiza seis meses de pausa al desguace libertario.
En concreto, la acción de amparo fue promovida contra la Resolución 27/26 firmada por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich. Esa norma suprimió la EEA AMBA y sus nueve (9) agencias de extensión y permitía el traspaso de sus inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que los venda o subaste.
La decisión firmada por el juez Tezanos Pinto señala que la resolución cuestionada "resulta manifiestamente arbitraria e ilegítima, por carecer de motivación suficiente, fundarse en normativa presuntamente carente de vigencia, contrariar el régimen de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y afectar derechos de raigambre constitucional y convencional vinculados con el acceso a la ciencia y la tecnología, la agricultura familiar, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y la estabilidad del empleo público".
De esta manera, ordenó a sus autoridades "abstenerse de ejecutar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades".
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El fallo argumenta que el centro operativo y sus agencias de extensión constituyen estructuras destinadas a la investigación científica, la transferencia tecnológica, la asistencia técnica a productores y el fortalecimiento de la agricultura familiar, actividades vinculadas con objetivos expresamente promovidos por la Constitución nacional y diversas leyes nacionales.
El INTA tiene unas 47.500 hectáreas de tierra distribuidas por todo el país y también edificios en ubicaciones privilegiadas de algunas ciudades. En este caso puntual, son 33 hectáreas ubicadas entre Hurlingham e Ituzaingó que podrían valer millones de dólares.
Aguiar celebró el fallo de la Justicia: "La motosierra se debilita"
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró el fallo judicial contra el ajuste libertario y apuntó: "Sigan haciéndose los vivos y actuando al margen de la ley, que nosotros los vamos a seguir confrontando en todos los planos y ustedes se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada". Y sentenció: "Parece que la motosierra se debilita. ¡Les queda poco!".
La administración de La Libertad Avanza (LLA) debilita las capacidades productivas, redes territoriales, procesos de innovación y oportunidades de desarrollo para miles de productores, comunidades y regiones de la Argentina. A comienzos de mayo, las autoridades oficializaron la apertura del Sistema de Retiro Voluntario en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para el ejercicio 2026.
El plan está dirigido exclusivamente al personal de planta permanente que registre una antigüedad mínima de tres años. Según el Anexo I de la normativa, la gratificación extraordinaria por el egreso se calculará a razón de 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año de servicio.
Uno de los puntos que genera mayor alarma es la "cláusula de exclusión", donde la resolución es taxativa: quienes acepten el retiro no podrán incorporarse ni continuar desempeñándose en ninguna modalidad bajo el Sector Público Nacional por el término de cinco años. Si bien los trabajadores tenían tiempo apenas hasta el 31 de mayo para decidir si abandonan la institución, el Consejo Directivo del INTA prorrogó en las últimas horas los plazos hasta el 10 de junio para conseguir más adhesiones.
Con esa decisión, se busca llegara la meta objetivo que se puso el gobierno de Milei, que es reducir la planta de personal en por lo menos 1.000 personas. Hasta el momento, son unos 650 los técnicos, profesionales, investigadores y especialistas que tomaron la decisión de dejar el organismo, según confirmó ATE.
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