La causa civil vinculada al conflicto del campo El Caburé, investigado por el desvío del maíz valuada en alrededor de dos millones de dólares, tuvo un nuevo avance que complica aún más la situación del Gobierno de Claudio Poggi. El Poder Judicial de San Luis confirmó la modificación de la demanda presentada por la empresa, que plantea la recuperación de la posesión del campo, y habilitó la incorporación de la causa penal, como prueba, que investiga la desaparición de la cosecha de grano.
La causa investiga el millonario robo de 1.800 hectáreas luego de que el gobierno provincial tomara posesión del predio en abril de 2024. Para levantar la siembra, funcionarios de la Secretaría de Ética Pública contrataron de forma directa a un particular y decenas de camiones se retiraron del lugar sin registros administrativos, controles fiscales ni ingreso del dinero a las arcas públicas, lo que desató un grave escándalo.
Alejandro René Viano, abogado de San Jorge Cereales y el Caburé S.A, relató a El Destape que se solicitó que se incorporará el expediente penal al expediente civil como prueba, pedido que fue avalada por la jueza. "Si esta nueva instancia sale como debería, darían a la empresa la posesión del campo, y la verdad que ahí sería un causal de intervención de la provincia", detalló René Viano.
El abogado, sobre el origen de la causa, repasó que el campo fue vendido a través de un proyecto a la empresa El Caburé en el año 2009. "Se lo desadjudicaron en el año 2018 y se presentó un recurso administrativo, pero nunca fue notificado. En el medio pasaron cinco años, se presentó ese recurso, no se contestó nunca", explicó.
"Se terminó de pagar el campo de acuerdo al proyecto y al otro día cayeron funcionarios del Ministerio de Ética y Legalidad al campo, ingresaron e hicieron la famosa toma de posesión que ellos dicen", aseguró el letrado sobre lo que ocurrió el 29 de abril del 2024.
"Ellos ingresaron sin tener ningún acto administrativo, sin ninguna orden judicial. Es una locura, es anticonstitucional, es violatorio. Sumado a eso, después, para justificarlo, falsificaron un instrumento público para justificar el ingreso al campo, lo cual también está probado: fue falsificada la fecha", remarcó.
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Con respecto a la cosecha, aseguró que sus clientes sembraron el campo y está aprobado en el expediente. "El número de la cosecha era aproximadamente de 2 millones de dólares; eran 2.000 hectáreas de maíz. La cosecha desapareció. Se cosechó y nosotros sabemos dónde la vendieron y dónde está", aseguró el abogado.
Ofensiva del Gobierno de Poggi
A través de la Fiscal de Estado, el Gobierno de San Luis activó un pedido de jury de enjuiciamiento y destitución contra la jueza Fernández Paz. El argumento formal es por "mal desempeño y desarraigo del derecho debido" a una regulación millonaria de honorarios en el caso Acueducto Vupiani, causa ambiental ajena al estado provincial.
No obstante, se sospecha que la verdadera intención del poder político es desplazar a la magistrada para frenar el avance de la causa penal El Caburé, y evitar así que se acumulen pruebas que involucren de forma definitiva a ministros y funcionarios gubernamentales en el millonario saqueo del campo.
El principal imputado por el delito es Ricardo André Bazla, ex secretario de Ética Pública. Además, están señalados los funcionarios Federico Trombotto, Víctor Endeiza, un familiar de Gonzalo Amondaraín, a quienes vinculó con supuestas maniobras de encubrimiento, y el exfuncionario Darío Oviedo Helfenberger.
La palabra del gobernador
En una entrevista brindada en un medio de la provincia a principios de junio, el gobernador Claudio Poggi habló sobre la causa: "Funcionarios del Gobierno encontramos un campo que era propiedad del Estado". Poggi indicó, con respecto al dinero que se denuncia como robado, confirmó que ese campo en el sur de San Luis "vale 700 dólares la hectárea. Dos mil hectáreas son 1.400.000 dólares. Lo que la oposición muestra es un faltante de maíz de dos millones de dólares. O sea, no puede valer más el maíz que el campo".
“El maíz que se encontró, que estaba sembrado cuando se encontró el campo por lo que dice la causa y dice el fiscal, fue trillado por un privado, un contratista que, inclusive, creo que declaró en la causa y dijo que no le alcanzó ni para cubrir los gastos de la trilla. Y el mismo fiscal dice que no hubo perjuicio al Estado, sino que hubo una negligencia administrativa del funcionario", se excusó.
La causa judicial continuará en etapa de investigación. Este último fallo habilita que el juicio continúe con un nuevo objeto procesal y con más prueba antes de que se dicte la sentencia de fondo. Si la jueza finalmente hace lugar al interdicto de recuperar la posesión, podría ordenar la restitución del inmueble a la empresa demandante; si lo rechaza, mantendría la situación actual.
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