El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, aseguró ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas que la cifra de 30.000 desaparecidos es un "dato falso" que forma parte de "un negocio de la defensa de los derechos humanos" que se llevó adelante en las últimas décadas. También defendió su gestión al frente del área, negó que se hayan cerrado espacios de memoria y argumentó los despidos al afirmar que se había convertido "una bolsa de trabajo para aquellos organismos ideologizados".
"Si uno llega a cuestionar el famoso número de la cantidad de desaparecidos que hubo durante el período de la dictadura militar 1976-1983, cae en el negacionismo", dijo Baños durante el 83º período de sesiones del CAT. De esta manera, el secretario de DDHH comenzaba a desacreditar la política de Memoria, Verdad y Justicia llevada adelante por distintas gestiones y organismos durante los últimos 20 años. En concreto, cuestionó la figura de los 30.000 desaparecidos, con el que se hace mención a los estragos que generó el último gobierno militar en la sociedad.
"Todos sabemos, no podemos ser ingenuos, cómo se arribó a ese número. Hoy en día, quien lo ideó lo dice públicamente. Hay un montón de reportajes en las redes sociales donde confiesa por qué se hizo y con qué intención", deslizó Baños. El funcionario hizo alusión a Luis Labraña, un ex militante de Montoneros que se adjudica haber inventado esa cifra, un testimonio utilizado por el gobierno de Javier Milei para ir contra la histórica lucha de los organismos de derechos humanos.
En esa línea, el funcionario siguió: "A partir de que ese número no puede ser negado porque, según ellos, entraríamos en el negacionismo, la verdad no les interesa en absoluto. El tema es cuestionar a la República Argentina. ¿Cómo vamos a creer en esos organismos que defienden datos falsos, sabidamente falsos".
La defensa de la represión
Durante la misma sesión, funcionarios del Ministerio de Seguridad defendieron el protocolo antipiquetes ante representantes de Naciones Unidas, que realizó previamente un examen en la Argentina. En su respuesta, el Gobierno nacional denunció que el Comité no citó "fuentes al momento de realizar críticas o suministrar datos".
"Con ánimo inquisitivo, colonizados por varios organismos no gubernamentales argentinos, algunos miembros del Comité, como el Comisionado Jorge Contesse, de nacionalidad chilena, se excedieron fuertemente en sus preguntas, demostrando ostensiblemente el rol de representante de algunos de esos organismos que pertenecen a la oposición argentina", expresó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.
En ese sentido, continuó: "Algunos miembros del Comité, con escasa transparencia, no citaron fuentes al momento de realizar críticas o al suministrar datos, sino que apelaron a fórmulas vagas tales como: 'nos fue informado', 'hemos sabido', 'se nos dijo' entre otras frases que, lejos de iluminar el debate, lo oscurecen".
Además de Baños, también estuvieron presentes el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y el subsecretario Legal, Diego Goldman.
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