Horas después de que Argentina presente ante un tribunal internacional un pedido para impedir la explotación de hidrocarburos en Malvinas, el Gobierno británico anunció que las compañías que inviertan en las Islas "estarán protegidas" y pidió a Interpol que rechace las alertas rojas emitidas contra empresarios que participen del proyecto Sea Lion.
"Las empresas que inviertan en las Islas Malvinas estarán protegidas de las medidas internas argentinas dirigidas contra empresas y particulares que realicen actividades económicas lícitas", dijo el Reino Unido a través de un comunicado publicado en su web oficial.
Este mensaje es un capítulo más en la tensión diplomática entre ambos países, que volvió a aumentar el martes al conocerse el reclamo formal argentino ante el Tribunal del Mar. "El Reino Unido no dudará en proteger a las empresas y a los particulares británicos", dijo el Gobierno de Andy Burhman.
Según explicaron, los ingleses preparan medidas que "garantizarán que las personas y empresas del Reino Unido que realicen actividades lícitas en torno a las Islas Malvinas puedan seguir tomando decisiones comerciales".
"Las decisiones sobre el desarrollo económico en las Islas Malvinas son competencia del Gobierno de las Islas Malvinas y de las empresas involucradas", agregaron.
El pedido a Interpol
En paralelo, el Reino Unido le solicitó a la Interpol que rechace las peticiones de la Argentina para detener a personas implicadas en el proyecto Sea Lion, donde se estima que los ingleses obtendrán barriles de petróleo a partir de 2028.
MÁS INFO
Según publicós el medio británico The Guardian, los funcionarios del Reino Unido solicitaron "garantías urgentes" a la policía internacional para que sean denegadas las alertas rojas pedidas por el Gobierno de Milei.
La jefa del gobierno de las Malvinas, Andrea Clausen, interpretó el uso de Interpol por parte de la Argentina como "una amenaza", pero luego agregó: "Cabe esperar que Interpol no necesariamente tome medidas".
El planteo de Argentina
Este martes, el Gobierno de Milei presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) un pedido de "solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte".
La decisión se concretó después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había concedido a Londres para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuación de actividades vinculadas con Sea Lion, un proyecto desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
