Río Tercero, el histórico polo agroindustrial del sur cordobés, tiene una herida que sangra desde hace 30 años: el 3 de noviembre de 1995, la ciudad se convirtió en un campo de batalla donde una oleada de aproximadamente 20 mil proyectiles convirtieron al territorio en un escenario de devastación. La tragedia dejó un saldo de 7 muertos, más de 300 personas heridas, daños psicológicos a otros miles y pérdidas millonarias.
A las 8:55 de la mañana de ese trágico día, se desató la primera de las tres detonaciones de arsenales de la Fábrica Militar de Armamentos que desencadenaron la tragedia en la ciudad cordobesa. Las dos iniciales se produjeron en la planta de descarga, y la tercera y más importante, tuvo lugar en el depósito de expedición y suministros. Este proceso provocó que miles de proyectiles acumulados se esparcieran por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, causando destrozos y daños personales a la población civil.
La empresa nacional Fábrica Militar funcionaba como centro operativo para la exportación ilegal de armas. Desde un primer momento, la hipótesis que se instaló, incluso por parte del expresidente Carlos Menem, fue la de un accidente. Las víctimas fueron Aldo Aguirre, Romina Torres, Leonardo Solleveld, Elena de Quiroga, Hoder Dalmasso, Laura Muñoz y José Varela, gente que vivía en la ciudad y ni siquiera trabajaba en la planta.
Pese a que el exmandatario relacionó el hecho con algo que alteró la normalidad, gracias al trabajo de Ana Elba Gritti, abogada y esposa de Dalmasso, como querellante penal, se evitó que el expediente terminara en un juicio por accidente. La investigación judicial determinó que el evento fue un hecho intencional con un objetivo claro: encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia realizado entre 1991 y 1995.
En base a testimonios de los empleados, se estableció que la noche anterior al estrago hubo personas no identificadas que ingresaron a las instalaciones para "acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios" para las letales explosiones.
Otra prueba clave fue la direccionalidad de las ondas expansivas, las cuales se dirigieron específicamente hacia el sur y el este, donde se encontraba el personal y el polo petroquímico de la ciudad. A pesar de la contundencia de las pruebas, el entonces mandatario se hizo presente en Río Tercero a las 17 de ese 3 de noviembre, afirmando en conferencia de prensa que el suceso era producto de "un accidente" y les recordó a los periodistas la obligación de “difundir esa palabra”.
Contrabando con condenas
La causa judicial por la venta ilegal de armas llegó a juicio en Buenos Aires. En 2013, el expresidente Menem, y 11 funcionarios y directivos y mandos medios de la estatal Fabricaciones Militares terminaron condenados por contrabando. Era el delito menor que se les imputaba, porque por asociación ilícita quedaron sobreseídos.
En esa causa judicial fueron cruciales las decenas de testimonios de los empleados de la Fábrica Militar de Río Tercero, que contaron los viajes a unidades del Ejército a los que los mandaron a retirar armamento, los operativos de “maquillaje” de cañones, obuses y proyectiles, y los embarques de ese material al exterior, en operativos secretos pero plagados de desprolijidades.
Mientras, por otro andarivel, deambulaba la causa por las explosiones de la fábrica militar cordobesa, que se investigaba desde el Juzgado federal de Río Cuarto. Durante años, jueces y fiscales se inclinaron hacia la hipótesis de un accidente, aunque admitían carencias de pruebas para demostrarlo.
En diciembre de 2014 ya habían sido juzgados y condenados por la tragedia directivos de Fabricaciones Militares, acusados de ser “autores mediatos” del delito de “estrago doloso agravado por muerte de persona”. Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, quienes ocupaban cargos directivos en la planta de Río Tercero; y Carlos Franke y Edberto González de la Vega quienes se desempeñaban como directivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares en Capital Federal fueron condenados, mientras que Menem fue excluido de ese juicio. Finalmente, Cornejo Torino, Franke y De la Vega recibieron condenas a 13 años de cárcel, mientras que Gatto fue sentenciado a 10 años.
Demoras en el pago de indemnizaciones
La Ley 27.179, sancionada en 2015, estableció el pago de indemnizaciones por daños morales, psicológicos y materiales. Aunque se llegó a un acuerdo judicial entre el Estado nacional y los damnificados para el pago, la implementación presenta severas demoras. En octubre de 2025, por ejemplo, se informó que de 8.000 reclamos solo se habían pagado 196 casos hasta ese momento, a pesar de que el Gobierno nacional está “reordenando” los expedientes.
Como parte del reclamo de transparencia, la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó una resolución el 14 de abril de 2025 para que se desclasifiquen todos los expedientes vinculados a la causa.
Los damnificados y sus representantes continúan reclamando que se cumpla el acuerdo, se clarifiquen los expedientes, se identifique totalmente a los responsables y se traduzca en pagos reales, dado que las causas penales vinculadas a los principales responsables están prácticamente cerradas.
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