Una ampliación de denuncia penal sobre la gestión del fideicomiso vial SISVIAL expuso una presunta conexión entre la liberación de fondos para obras públicas en Santa Cruz y la conducta de los legisladores alineados con el gobernador Claudio Vidal en el Congreso. La presentación judicial solicita determinar si la retención o el desembolso de estas partidas funcionó como una caja de negociación política para condicionar el apoyo de la provincia en debates clave para el gobierno de Javier Milei.
La presentación, impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano, quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10. La investigación pone bajo la lupa 1.077 operaciones de pago ejecutadas entre enero de 2024 y mayo de 2026, trazando una cronología que cruza directamente la acreditación de estos fondos con el calendario de 35 votaciones legislativas decisivas.
La denuncia está dirigida a establecer la responsabilidad de los funcionarios nacionales que instruyeron o autorizaron los pagos. Vidal no fue informado como imputado y la coincidencia entre una transferencia y una sesión no acredita por sí sola un acuerdo ilícito. El foco sobre su gestión surge porque dos de los desembolsos señalados tuvieron como destinataria a la Administración General de Vialidad Provincial y porque los votos analizados corresponden a dirigentes de su espacio.
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Según detalló Agencia Noticias Argentinas, el primer episodio que se investiga ocurrió después de la votación del decreto 179/2025 que habilitó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin conocer el monto, el plazo y las condicionalidades del crédito. La Cámara de Diputados lo aprobó el 19 de marzo de 2025. José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, acompañó al Gobierno nacional.
Dos días más tarde, el 21 de marzo, el fideicomiso vial liberó $6.596 millones. De acuerdo con el análisis incorporado al expediente, el 99% de ese monto se concentró en beneficiarios de Santa Cruz y el pago principal, de $3.885 millones, fue transferido directamente a la vialidad provincial. Pagano denominó a esa secuencia “premio a las 48 horas”, una calificación que todavía debe ser demostrada mediante prueba contable y documental.
Giros bajo sospecha y los pedidos a la Justicia
El segundo caso corresponde al 19 de mayo de 2026, cuando la Administración General de Vialidad Provincial recibió $2.104 millones. La presentación sostuvo que fue el único pago asignado a Santa Cruz durante los primeros cinco meses del año y lo ubicó en la víspera de debates sobre zonas frías y otras iniciativas de interés para la administración libertaria. También vinculó esa fecha con un voto afirmativo de Garrido.
Los datos permiten constatar montos, destinatarios y proximidad temporal, pero no explican todavía cuándo cada certificado de obra quedó en condiciones legales de ser pagado. Esa diferencia es decisiva: un giro realizado cerca de una votación puede responder a un vencimiento administrativo normal o a una decisión discrecional. Por eso, la denuncia solicitó comparar la fecha de exigibilidad de cada certificado con el día en que se ordenó el desembolso.
En la votación general de la Ley Bases de junio de 2024, los senadores José María Carambia y Natalia Gadano votaron en contra. Sin embargo, más tarde se retiraron y quedaron ausentes durante el tratamiento en particular. Esa conducta pudo modificar mayorías en artículos específicos.
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Pagano pidió que la Justicia requiera a Vialidad Nacional los convenios, certificados de obra y expedientes de los pagos enviados a Santa Cruz. Además, reclamó las actas de las sesiones examinadas y una pericia que determine si hubo obligaciones vencidas que fueron retenidas, pagos adelantados o una alteración deliberada del orden de cancelación.
La hipótesis de la legisladora incluye posibles delitos de administración fraudulenta, cohecho, dádivas, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con la función pública. Esas figuras pertenecen a la denuncia y no equivalen a procesamientos, imputaciones confirmadas ni condenas. Al 18 de agosto no se había informado una resolución judicial que probara que Vidal instruyó votos o que recibió una contraprestación ilegal. Se espera la respuesta del Ejecutivo provincial.