En paralelo al desfinanciamiento del presidente Javier Milei al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Asociación Jujeña de Realizadores Audiovisuales (AJRA), junto a productores independientes y trabajadores del sector, denunció un drástico desfinanciamiento de la actividad tras la decisión del gobernador Carlos Sadir de reducir a la mitad los recursos destinados al Fondo de Fomento Audiovisual.
El mandatario jujeño replica el ajuste libertario que atenta contra la producción nacional, el acceso al cine popular y el derecho a la cultura. Desde AJRA advierten que la medida, que impacta directamente sobre la Ley Audiovisual 6250, pone en riesgo cientos de puestos de trabajo y la continuidad de los contenidos audiovisuales locales.
En ese sentido, el recorte afecta el artículo 15 de la ley, que establece un 25% de los ingresos brutos provenientes de servicios de comunicación e internet para sostener al Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ). Con la nueva disposición presupuestaria, ese aporte se redujo a un 12,5%.
Fabiana Bepres, referente de la asociación, explicó que esta decisión ignora el efecto multiplicador de la industria en la economía regional. "Lo que genera la actividad audiovisual es justamente invertir en la provincia. No solo alcanza a técnicos y profesionales, sino a servicios como catering, transporte y hotelería. No es un gasto, es una inversión que se reproduce", aseguró.
La situación se agrava por la falta de actualización de los montos destinados a concursos. Actualmente, un certamen para largometraje o miniserie cuenta con un presupuesto de 17 millones de pesos, la misma cifra que el año anterior, lo que en un contexto inflacionario resulta insuficiente para cubrir los costos de producción.
Bepres aseguró que esta ley "fue una lucha del sector" y llamó a protegerla: "Lo mínimo que podemos hacer como asociación es defenderla", afirmó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
Consecuencias del desfinanciamiento y estado de alerta
Según el comunicado emitido tras una asamblea abierta convocada por la AJRA, el ajuste conlleva una caída del empleo, por la menor contratación de personal técnico especializado. Además, implica una crisis en la educación audiovisual, afectando tanto a los espacios de formación como al Archivo Audiovisual de la provincia.
En tanto, la falta de previsibilidad financiera ahuyenta capitales que podrían inyectarse en la economía jujeña, en medio de la profunda crisis que atraviesan todos los sectores.
Ante este escenario, los realizadores se declararon en estado de alerta y definieron una serie de reclamos en defensa de la ley. Entre los puntos principales solicitan la restitución total de los fondos y la plena vigencia de la Ley 6250.
Asimismo, exigen que el Consejo Asesor del IAAJ tenga carácter vinculante para que los realizadores independientes participen en las decisiones políticas del área, y que se cumpla efectivamente la cuota de pantalla de producciones jujeñas en los canales locales.
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