Tras el rechazo y la paralización del debate de la Ley de Emergencia Económica que impulsaba el congelamiento salarial y afectada al régimen previsional, la mesa intersindical de Santa Cruz de trabajadores estatales realizaron una movilización de antorchas a la Casa de Gobierno en Río Gallegos y paro por 72 horas, para exigir el pago de la paritaria acordada y apertura para el corriente años. Desde Judiciales adelantaron que presentarán un proyecto para exigirle recomposición salarial a Claudio Vidal para todos los trabajadores de planta: "La deuda con nosotros es del 2024, y mitad del 2025".
"Nosotros estamos con un proyecto de ley para poder plantear que los salarios no queden por debajo de la canasta básica total", detalló a El Destape, el secretario general del Gremio de Judiciales de Santa Cruz, Franco Mascheroni. En este sentido, desde Judiciales dictaminaron un paro por 72 horas que comenzó el pasado lunes, mientras que el resto de las organizaciones lo comenzaron el martes hasta el jueves inclusive. "Nuestro proyecto es que en dos años tienen que ponerse a tono con los salarios", argumentó el secretario general.
La jornada de lucha contará con la participaron de ATSA, ATE, ADOSAC, VIALES PROVINCIAL, SOEM, APROSA, BANCARIA, APOC, FETIA, ADIUNPA, entre otros gremios nacionales quienes desarrollarán una olla popular frente al Poder Ejecutivo provincial con el fin de denunciar el ajuste que aplica el ex referente gremial de petroleros privados. En contraposición, Mascheroni exclamó: "La provincia le había pedido un desembolso al Banco Nación de 500 mil millones de pesos, pero no fue aprobado porque Nación le exigían austeridad fiscal, pauta salarial cero, por lo que fue el argumento clave para abalar el proyecto de Ley de Emergencia Económica. A los días, le hacen el desembolso 100 mil millones".
Conflictividad gremial
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El reclamo se suma al conflicto del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) quien ya había anunciado un paro por tiempo indeterminado tras una masiva asamblea con unos 6.000 trabajadores. El gremio denunció la crítica situación del sector hidrocarburífero y reclamó la apertura urgente de paritarias.
El sindicato apuntó contra las empresas operadoras por no cumplir con los compromisos de inversión, especialmente en materia de perforación de nuevos pozos. Según el dirigente Rafael Güenchenen, la falta de actividad perforadora desde hace casi dos años provocó una caída en la producción y puso en riesgo la continuidad laboral en la industria, con posibles despidos en los yacimientos. Con un guiño a Vidal, el Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria por 15 días, una herramienta legal que busca frenar el conflicto y obligar a las partes a negociar.
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