El gobernador Claudio Vidal no solo le copia el modelo de ajuste al presidente Javier Milei, sino que también replica la persecución sindical. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Santa Cruz denunció la detención ilegal de dos dirigentes por parte de la Policía, en el marco de la jornada de lucha pacífica que realizaban los representantes en el hall del Hospital Distrital de la localidad.
Las medidas de fuerza comenzaron el lunes con acciones en Río Gallegos y toda la provincia. Además del reclamo salarial, ATE rechaza la Ley de Emergencia y las políticas de hambre impulsadas por el gobernador. En ese marco, en las últimas horas el juez Eduardo Quelin ordenó la detención del coordinador de municipales local, José Vilán, y la secretaria general seccional de ATE Las Heras, Marlene Gómez.
El episodio generó una fuerte reacción. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. apuntó contra el Ejecutivo provincial: "Exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos ilegalmente. Si piensan que con cárcel y represión van a tener paz, se equivocan. La paz social se logra garantizando respuestas a las justas demandas que tenemos los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad", cargó en sus redes sociales.
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Desde el Frente Sindical denunciaron "criminalización de la protesta" y exigieron la liberación inmediata de los detenidos. La protesta en Río Gallegos cuenta con el respaldo de varios sindicatos, entre ellos ADOSAC, AMET, APROSA y Viales, lo que refuerza un escenario de conflicto creciente y coordinado entre distintos sectores estatales.
Los gremios reclaman una urgente reapertura de paritarias, mejoras en los ingresos y respuestas frente a la situación económica que atraviesan los empleados estatales en toda la provincia. Ante este escenario, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, reconoció la complejidad del contexto y confirmó que el Gobierno prevé convocar a negociaciones, aunque sin una fecha definida. El funcionario indicó: "Nos vamos a juntar, habrá paritarias, pero necesitamos algunas definiciones para poder sentarnos y acordar algo concreto".
Conflictividad gremial en Santa Cruz
El reclamo se suma al conflicto del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) quien ya había anunciado un paro por tiempo indeterminado tras una masiva asamblea con unos 6.000 trabajadores. El gremio denunció la crítica situación del sector hidrocarburífero y reclamó la apertura urgente de paritarias.
El sindicato apuntó contra las empresas operadoras por no cumplir con los compromisos de inversión, especialmente en materia de perforación de nuevos pozos. Según el dirigente Rafael Güenchenen, la falta de actividad perforadora desde hace casi dos años provocó una caída en la producción y puso en riesgo la continuidad laboral en la industria, con posibles despidos en los yacimientos. Con un guiño a Vidal, el Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria por 15 días, una herramienta legal que busca frenar el conflicto y obligar a las partes a negociar.
Desde el Gobierno señalaron que el objetivo central de la medida es “preservar la paz social y evitar una mayor escalada en un sector clave”, cuya paralización podría generar impactos tanto en la producción como en el abastecimiento energético. La decisión fue adoptada por la Secretaría de Trabajo en el marco de la Ley 14.786, con el fin de evitar una escalada que pudiera afectar la producción de petróleo y gas, un sector considerado estratégico para la economía nacional.
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