En la provincia de Buenos Aires, unas 6 millones de personas tiene deudas producto de haber recurrido a créditos bancario y no bancarios. Además, y producto de la crisis económica actual y la recesión, la morosidad se cuadruplicó y en algunos distritos trepa al 50%, lo que muestra la gravedad de la situación.
El Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), una Asociación Civil conformada por profesionales comprometidos con los derechos sociales y colectivos, realizó un mapa de la deuda (https://mapadeladeuda.ar) A modo de ejemplo, en julio de 2026 las deudas de personas de hasta 25 años con neobancos y fintech tenía una tasa de mora por encima del 38% entre los 135 distritos. En el primer cordón del conurbano el promedio está por encima del 40%.
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En tanto, los créditos solicitados a financieras de cuotas y préstamos personales en todas las edades la tasa de morosidad promedio llega al 50%. Incluso en el conurbano, el mismo rector aumenta considerablemente.
La problemática llegó a la Legislatura bonaerense con, hasta el momento, 14 proyectos de ley presentados en Diputados y Senadores. De esos 14 escritos, una docena corresponden a legisladores y legisladoras del peronismo, mientras que los 2 restantes los presentaron el bloque UCR + Cambio Federal y Hechos.
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Los proyectos en Diputados
El primer proyecto lo presentó en junio de 2025 la diputada provincial referenciada en el Movimiento Derecho al Futuro, Ana Balor. La legisladora ya lleva 4 escritos sobre el tema y viene trabajando la problemática cuando la misma aún no había explotado.
El expediente D1748/25-26 propone modificar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios e incorporar el concepto de “sobreendeudamiento”. Además, establece una instancia prejudicial para bajar la morosidad actual.
El escrito detalla un protocolo de mediación administrativa obligatoria y la suspensión de embargos y ejecuciones judiciales por 90 días para quienes acrediten esa condición. En diálogo con El Destape, Balor contó: “Es una situación que veníamos viendo hace varios meses en la calle. Muchos vecinos nos contaban que tenían una deuda, no podían cubrirla, tomaban otra deuda y los intereses se iban por las nubes”.
La segunda iniciativa (D- 396/26-27), “prohíbe el hostigamiento y trato indigno por cobro extrajudicial de deuda” hacia las personas. Además, busca sancionar “el acoso telefónico”, “las amenazas y la exposición pública de los deudores”. Esta iniciativa se enmarca en la ausencia de una regulación de los “parámetros mínimos obligatorios de calidad para los Servicios de Atención y Comunicación a Distancia, que brindan los proveedores de bienes y servicios”, luego de que Javier Milei derogase la resolución 1033/2021 que fijaba dichos parámetros.
El tercer proyecto (D -2613/27-27) establece la “protección de los consumidores en el comercio electrónico”, a partir de un fenómeno de época llamado “precio dinámicos” (dynamic pricing). Dicha modalidad altera el valor de un producto o servicio basándose en los datos recolectados del propio consumidor, como puede ser la ubicación, modelo del celular, la demanda del momento, la urgencia detectada, etc.
Se genera una “discriminación algorítmica”, ya que -a través del uso de datos personales se segmenta y cobran precios más altos a determinados sectores sociales. El proyecto “prohíbe” el uso de precios dinámicos que exige que los valores de un producto, una vez iniciado el proceso de compra, quede congelado por 60 minutos.
El cuarto escrito crea el Servicio Provincial de Conciliación de Consumo (SEPROCC), un espacio compuesto por “conciliadores” para mediar entre el consumidor y el prestamista. El objetivo es dar una respuesta rápida y consensuada entre las partes. En caso de no lograrlo, la vía judicial queda disponible. El SEPROCC reemplazaría al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un espacio nacional que cerrado a través del decreto nacional 55/2025.
Desde el Frente Renovador, el diputado Juan Martín Malpeli presentó dos proyectos. El primero de ellos (D 3019/ 26-27) que incorpora dos capítulos nuevos a la Ley 13.133 (Código provincial de los Derechos de los Consumidores y Usuarios); el de “protección del consumidor en operaciones de crédito y financiación” y el de “publicidad y promoción del crédito de consumo”.
El escrito obliga a la autoridad de aplicación a “prevenir prácticas que generen un incremento manifiestamente desproporcionado de la deuda originalmente contraída a raíz de refinanciaciones sucesivas”. Y además “prohíbe que un proveedor debite automáticamente fondos disponibles del consumidor para cancelar una deuda sin autorización expresa”.
La segunda iniciativa (D 3096/ 26-27) crea un “Régimen Judicial de Reestructuración de Deudas de Consumo”, destinado a las personas que se encuentren en situación de “sobreendeudamiento y acrediten una imposibilidad actual o previsible de afrontar regularmente el conjunto de sus obligaciones derivadas de relaciones de consumo”.
La Cámpora también dos iniciativas sobre el tema. Este jueves por la tarde, el diputado de La Matanza, Facundo Tignanelli, presentó junto al Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, un “Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerenses y el proyecto de Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores”. El mismo “busca defender a los bonaerenses que atraviesan situaciones de endeudamiento frente a entidades financieras”, contó el legislador.
El Programa de Acompañamiento funcionará de manera simple: la persona deberá registrarse y cargar los datos de su deuda y sus acreedores. Luego, la Defensoría tomará el caso e intervendrá frente al acreedor para negociar o renegociar los términos de la deuda. “La idea es poner en una situación de igualdad el poder que tienen aquellos que quieren cobrar las deudas con el poder que tiene el Estado”, expresó Tignanelli.
Por su parte, el diputado Ariel Archanco (LC), propone incorporar un capítulo completo a la Ley 13.133 bajo el título "De los derechos del consumidor de servicios financieros", aplicable a préstamos personales, créditos prendarios e hipotecarios sobre vivienda única, tarjetas de crédito y financiaciones otorgadas por entidades bancarias, no bancarias, mutuales, cooperativas o plataformas digitales.
El proyecto declara "manifiestamente abusivo" el spread o diferencial de tasa que resulte desproporcionado respecto de las condiciones de mercado, carezca de justificación técnica o genere una carga excesiva para el consumidor, y crea un derecho a pedir la "adecuación" del crédito cuando cambios extraordinarios en las variables económicas -tasa de política monetaria, costo del fondeo, inflación- alteren significativamente el equilibrio original del contrato, en base a la teoría de la imprevisión del Código Civil y Comercial.
En tanto, la diputada del distrito de Moreno, Noelia Saavedra impulsa en el proyecto (D 1784/26-27) la creación de un "Sistema Bonaerense de Protección frente al Endeudamiento de Consumo, el Endeudamiento Digital y las Cobranzas Abusivas", con un capítulo específico sobre créditos otorgados a través de aplicaciones, al que busca prohibirle condicionar los préstamos al acceso a contactos, galería de fotos, ubicación permanente o micrófono del usuario.
Finalmente, el bloque UCR + Cambio Federal tiene un solo proyecto (D 1606/26-27) presentado de la tutela de Silvina Vaccarezza. La diputada apunta a reformar la Ley Provincial de Defensa del Consumidor para incorporar al "consumidor sobreendeudado" dentro de la categoría de sujeto "hipervulnerable", lo que le daría acceso a las políticas de protección ya previstas para ese universo, además de poner límites a las prácticas de cobranza extrajudicial, como el contacto con familiares o allegados del deudor.
Los 4 proyectos presentados en el Senado bonaerense
En la Cámara Alta, por ahora, hay cuatro escritos. El senador del kirchnerismo, Sergio Berni apunta a crear un “Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos de la Provincia de Buenos Aires” (E 380/26-27). El objetivo es de “proteger el carácter alimentario del salario; garantizar un nivel mínimo de ingreso disponible; prevenir situaciones de sobreendeudamiento; promover el acceso responsable al crédito; garantizar información clara respecto del costo de las operaciones; y establecer condiciones equitativas”, entre otras características.
Propone que “el conjunto de descuentos derivados de obligaciones dinerarias voluntariamente asumidas no podrá exceder 30% de la remuneración neta protegida. Además, “en ningún caso los descuentos voluntarios podrán producir que el haber efectivamente disponible para el agente resulte inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la liquidación”.
Su compañero de bloque Marcelo Feliú impulsa un proyecto para crea el “Equipo Legal Especializado en Sobreendeudamiento (ELES)”, un cuerpo de abogados que brindaría asesoramiento gratuito a los deudores y que tendría facultades para citar a los proveedores financieros, además de un Sistema de Información Provincial sobre Endeudamiento para relevar qué sectores, géneros y regiones sufren mayor impacto, y un capítulo de educación financiera obligatoria.
Finalmente, el senador justicialista Fernando Coronel presentó un proyecto (F 765/26-27)para que el Senado bonaerense exprese su “profunda preocupación” por la situación de morosidad que atraviesan las familias de la provincia de Buenos Aires, luego que los últimos datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) mostraran que el 28,5% de las personas endeudadas registra al menos una deuda en mora.
“En términos simples, casi 3 de cada 10 bonaerenses que tienen deudas presentan mora. Esto representa aproximadamente 2,18 millones de personas de la provincia de Buenos Aires con problemas de cumplimiento de alguna de sus obligaciones financieras”, expuso Coronel.
Del lado opositor, el senador del bloque Hechos, Marcelo Leguizamón, presentó otra iniciativa (E 369/26-27) centrada en el Banco Provincia y en la creación de un "Régimen Extraordinario de Regularización, Recuperación del Crédito y Refinanciación de Deudas con el Banco de la Provincia de Buenos Aires", con planes de pago a 60 meses y el congelamiento de embargos para grupos familiares con ingresos netos de hasta 10 salarios mínimos, vitales y móviles.