Por el tarifazo de Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (Secheep) ordenado por la gestión de Leandro Zdero, desde las familias chaqueñas denunciaron que los valores de las mismas ascienden a 30% y 40% del salario del trabajador de la provincia. "En todos los municipios los vecinos piden asistencia para poder afrontar el costo de las facturas de luz y evitar la suspensión del suministro", dijo en Radio Formosa el intendente de Machagai, Juan Manuel García. Desde una organización local ya se avanzó con medidas judiciales.
El tarifazo comenzó a través de una aumento anunciado por el gobierno de Zdero a fines de abril que comenzó a aplicarse el 1 de mayo de este 2026. En ese entonces se autorizó la suba en la tarifa de energía eléctrica que presta SECHEEP de manera progresiva, por doce meses. Se propuso un aumento promedio superior al 60% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) y la implementación de un mecanismo de actualización mensual automática.
Pese a que el bloque opositor Frente Chaqueño presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para suspender por 180 días los aumentos tarifarios en los servicios, la medida fue dispuesta a través de una resolución del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Según justificó la administración del gobernador Zdero, la actualización responde al fuerte desfasaje entre los costos actuales del servicio y las tarifas vigentes, que estaban calculadas con valores de diciembre de 2023.
El aumento llegó a la justicia
A raíz de esta medida impuesta por el gobierno chaqueño, en el mes de junio la Fundación The Rock realizó una denuncia penal fundamentada en hechos concretos de presunto desamparo e irregularidades, tales como la quita de medidores a familias vulnerables con deudas millonarias y la falta de garantías de suministro continuo para usuarios electrodependientes en el interior chaqueño.
Actualmente, este proceso penal se encuentra en etapa de presentación e instrucción inicial ante los fueros correspondientes, mientras de forma paralela la fundación mantiene sus reclamos públicos debido a la lentitud que acusan por parte del sistema judicial de la provincia.
La instancia judicial se produjo en medio de un creciente número de reclamos por cortes de suministro eléctrico en coincidencia con el aumento tarifario. Según denunció la presidente de la entidad Alejandra Borbón a este medio, entre las denuncias recibidas aparecen "casos de familias electrodependientes, personas con discapacidad y adultos mayores que dependen del servicio eléctrico para preservar su salud y calidad de vida".
De acuerdo con los testimonios recopilados por la fundación, existen hogares donde las boletas de electricidad pasaron de alrededor de 200.000 pesos a superar los 400.000 pesos en pocos meses, una situación que, según afirmó Borbón, genera serias dificultades económicas para muchas familias.