El Gobierno de Javier Milei insiste en mantener en pie su reforma laboral, a partir de un nuevo pedido que presentó este jueves a la Corte Suprema para que intervenga directamente contra la sentencia que puso en pausa cambios clave como la flexibilización de indemnizaciones, jornadas de 12 horas y limitaciones sindicales tras la promulgación de la norma. El pedido de Per Sáltum reclama que "se mantenga en plena vigencia la Ley N° 27.802" y se revoque la medida cautelar que había sido aprobada, a pedido de la CGT, por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63.
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La presentación, firmada por la Procuración del Tesoro, cuestiona el fallo del 30 de marzo que suspendió la aplicación de más de 80 artículos de la ley. El Gobierno ya había apelado la resolución de la justicia laboral y el caso había pasado a la Cámara Nacional del Trabajo, que tenía que revisarlo. Sin embargo, Milei optó por el per sáltum, saltearse esa instancia para que defina la Corte Suprema. Se trata de una herramienta legal que se habilita cuando una causa tiene sentencia en primera instancia, pero que se utilizó apenas cinco veces en los últimos años.
Qué dice el pedido de Per Sáltum que presentó el Gobierno a la Corte Suprema
En la resolución, que tiene más de 70 páginas, el pedido insiste en que "se conceda el recurso con efectos suspensivos y se mantenga la plena vigencia de la Ley N°27.802" y que "oportunamente revoque la medida cautelar dictada por un juez incompetente".
Desde el Ejecutivo argumentan que la apelación fue concedida con "efecto devolutivo", por lo que no suspende su aplicación, y advierten que la intervención directa del máximo tribunal "es el único camino eficaz para evitar un daño mayor". En paralelo, la presentación incluye duras críticas al trámite del expediente, con denuncias de irregularidades como dificultades para acceder a la causa, notificaciones incompletas y plazos considerados insuficientes.
También señalaron "una falta de tratamiento de cuestiones clave", como la competencia y la legitimación, y se cuestiona que el juez haya revocado parcialmente la cautelar pocos días después de dictarla, lo que, según el Gobierno, "evidencia la premura en la decisión".
Durante la presentación del documento, desde el Ejecutivo también cuestionaron la legitimación activa colectiva al argumentar que la CGT, como entidad de tercer grado, puede representar transitivamente a todos los trabajadores del país "sin demostrar afectación concreta ni cumplir los recaudos de las acciones colectivas". También denunciaron arbitrariedades de parte de la central obrera por fundarse en "afirmaciones meramente dogmáticas" y "omitir los argumentos del Estado sobre legitimación, caso y jurisdicción".
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