La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, presentó este jueves una dura impugnación contra la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de avanzar con la ejecución de veinte propiedades familiares. La medida judicial busca cubrir el decomiso ordenado en la Causa Vialidad, cuyo monto actualizado asciende a la cifra récord de 685.000 millones de pesos.
El conflicto se desató tras la resolución del pasado 18 de noviembre, cuando el juez Jorge Gorini dispuso iniciar el proceso de ejecución patrimonial contra los nueve condenados de manera solidaria. Según lo dispuesto, los bienes —que incluyen un inmueble a nombre de la ex mandataria y otros 19 que fueron cedidos en vida a sus hijos— pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia para su eventual remate.
En su escrito de apelación, la defensa de Cristina Kirchner no ahorró críticas hacia el tribunal. Calificó la orden de ejecución como una “nueva expresión del derecho creativo”, diseñada específicamente con fines de persecución política que ahora se extienden a su núcleo familiar.
El punto central de la controversia jurídica radica en la situación de Máximo y Florencia Kirchner. Los abogados defensores sostienen que ambos recibieron las propiedades de manera legal de sus progenitores y que el origen de esos fondos es “lícito”, algo que, aseguran, está acreditado en fallos judiciales firmes. "Permitir que se consolide una confiscación fundada en razones políticas y no jurídicas implica abrir la puerta a prácticas incompatibles con la Constitución", advirtió la defensa, que subrayó que avanzar sobre el patrimonio de personas que no fueron condenadas en el expediente (como es el caso de los hijos de la ex vicepresidenta) constituye un hecho de gravedad institucional.
El reclamo de los hijos
Por su parte, Máximo y Florencia Kirchner presentaron su propia impugnación. Alertaron que la medida implica un “desapoderamiento definitivo de bienes legítimamente adquiridos” y cuestionaron que el tribunal actúe en contra de sus propios criterios recientes.
En concreto, solicitaron que se suspendan de inmediato las tasaciones, las inscripciones registrales y cualquier acto administrativo tendiente a traspasar el control de los activos a la Corte Suprema. Argumentan que, al no ser parte del delito juzgado (instrumento, producto o provecho), sus propiedades no deberían ser objeto de decomiso penal.
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