Tras el fallo condenatorio por la nacionalización de YPF, la Procuración del Tesoro presentó dos escritos para suspender la medida judicial. Entre los argumentos en defensa del Estado se destacó la violación de la legislación nacional porque la entrega de las acciones va en contra de la legislación nacional.
La Procuración del Tesoro hizo la presentación de los dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska para suspender el fallo que obliga al Estado argentino a pagar US$16.000 por el proceso de nacionalización de YPF con la entrega del 51% de la compañía.
En este marco, en los escritos se argumentó que Argentina sería despojada de su participación mayoritaria en YPF, que forzaría un cambio de control y activaría cláusulas que perjudicaría a los accionistas de la empresa. En la misma línea, se expresa que el caso YPF no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes que plantea cuestiones jurídicas complejas.
La Procuración del Tesoro sostuvo que la decisión de la jueza Preska es controvertida no solo jurídicamente a nivel local, sino también en el ámbito del derecho internacional y la política exterior de Estados Unidos. También se argumenta que los demandantes (Petersen/Eton y Bainbridge) no sufrirían daños por la suspensión de la orden. La legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. Además, la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados, como provincias y bonistas, y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público.
A su vez, se insistió en que la transferencia de las acciones debería realizarse bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, algo que el Gobierno considera jurídicamente inválido. Por otro lado, se indicó que el caso presenta cuestiones legales que no han sido abordadas previamente por los tribunales de apelación, lo que incrementa la probabilidad de que el fallo sea revertido o modificado en instancias superiores.
Asimismo, remarcó que para la entrega de acciones, el Congreso argentino debe autorizar cualquier transferencia de acciones estatales en YPF. Por lo tanto, incluso si la jueza confirmara su fallo, la ejecución efectiva de la medida resultaría inviable desde el punto de vista legal.
El Partido Justicialista condenó el fallo de Preska contra YPF
En este marco, el Partido Justicialista (PJ) repudió el fallo de Preska y remarcó que la decisión viola el derecho internacional y adelantaron que se opondrán en el Congreso a cualquier intento de privatización.
En tanto, el PJ advirtió que "en defensa de la soberanía nacional, se opone y se opondrá a la entrega de YPF". "Una vez más, la Senior United District Judge Loretta A. Preska que, al juzgar en el caso YPF aplicando ley argentina violó las más elementales normas del derecho público y privado de nuestro país, pone en evidencia su desprecio por la inmunidad soberana que corresponde a todos los países, disponiendo una orden colonial incumplible, inadmisible e ilegal", lanzó.
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