En la previa al 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y a pesar de las políticas de negacionismo del gobierno de Javier Milei, hay 12 juicios por crímenes por crímenes de lesa humanidad en curso (5 menos que en 2024). Esto surge de un relevamiento hasta la fecha de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, que ya había alertado en 2025 por un aumento de los juicios abreviados y un marcado descenso en las sentencias por fuera de estos acuerdos (En 2024 se registraron 16 y en 2025, apenas 9).
El último informe señala que actualmente hay 504 personas detenidas por estos crímenes, de las cuales 425 se encuentran en prisión domiciliaria. De las restantes, 61 están alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, y 18 en diferentes establecimientos carcelarios.
En este contexto, 1.582 personas investigadas permanecen en libertad. La representación gráfica de privados/as de la libertad y libres muestra que en 2026 la brecha entre ambas cifras es la mayor del registro histórico que lleva la procuraduría desde 2015, provocada por la sostenida reducción de la cantidad de personas detenidas. Mientras tanto, en la etapa de investigación preliminar se encuentran en trámite 282 causas.
Tanto en estas causas como las que están en debate, hay 292 personas procesadas. En los expedientes en investigación hay 517 personas imputadas por fiscales, que aún no han sido intimadas, y otras 76 que fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal. La cantidad de prófugos se mantiene estable respecto de registros anteriores, con 33.
Desde la reapertura de los juicios en 2006, tribunales de todo el país dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad, en las que condenaron a 1.231 personas y absolvieron a 250.
Bahía Blanca: piden llevar a juicio a seis exmilitares acusados por secuestros y torturas a miembros de la Universidad del Sur
En el marco de los hallazgos en el ex centro clandestino "La Perla" de Córdoba y a dos semanas del 50° aniversario de la última dictadura cívico militar, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó la elevación a juicio oral de seis exmilitares acusados de cometer delitos de lesa humanidad contra integrantes de la comunidad universitaria en la década del '70.
Los hechos investigados ocurrieron entre junio y noviembre de 1976, dejando como consecuencia un total de 30 docentes, estudiantes y trabajadores vinculados a la Universidad Nacional del Sur (UNS) como principales víctimas de ataques, secuestros y torturas.
El pedido fue presentado ante el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, junto a los auxiliares fiscales Paula Molini y Pablo Fermento, quienes sostienen que los secuestros, torturas y detenciones ilegales formaron parte de un plan sistemático de persecución política dentro del ámbito universitario.
Entre los imputados se encuentran tres exoficiales que integraron el Comando del V Cuerpo del Ejército: el coronel Osvaldo Bernardino Páez, el mayor Osvaldo Lucio Sierra y el teniente primero Norberto Eduardo Condal.
A ellos se suman tres exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 181: Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel y el suboficial Víctor Raúl Aguirre.
Según indicaron las autoridades en la presentación, a todos ellos se los acusa de "violación de domicilio, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos por persecución política, delitos considerados de lesa humanidad". A su vez la fiscalía señala que los imputados actuaron como coautores mediatos, con excepción de Aguirre, a quien se le atribuye participación directa.
Cerrar sesión