La Justicia le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al ex gobernador de la provincia de Tucumán José Alperovich, condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual. La decisión la tomó el juez Juan Martín Ramos Padilla, quien había dictado la sentencia poco más de un año atrás.
La condena a 16 años de prisión para Alperovich se dictó el 18 de junio de 2024, casi cinco años después de la denuncia realizada por una de sus sobrinas.
F tenía 29 años cuando lo acusó de violación en el período en el que trabajaron juntos, durante la campaña con la que el entonces senador nacional pretendía regresar al Ejecutivo provincial, en 2017. “Durante un año y medio, mi tío violentó mi integridad física, psicológica y sexual”, fueron las palabras que F escribió en una carta pública en aquellos años.
La condena al ex mandatario provincial fue por haber cometido entre nueve y diez delitos de tentativa de abuso, abuso simple y abuso agravado con acceso carnal en perjuicio de la hija de su primo hermano entre diciembre de 2017, ni bien ingresó la denunciante a trabajar como mano derecha del entonces senador nacional, y marzo de 2018. También se determinó su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
La denuncia contra Alperovich
El juicio comenzó el 5 de febrero del 2024. Durante la investigación judicial se determinó la acusación: dos hechos ocurrieron en un departamento ubicado en Puerto Madero (Ciudad de Buenos Aires) y el resto en la provincia de Tucumán.
Alperovich corrió con el beneficio de los fueros durante poco más de un año y medio desde que se conoció la denuncia por parte de su sobrina. Aunque en la Cámara alta no se activaron los mecanismos de expulsión, el entonces senador se pidió licencia y sus colegas pidieron que no regresara. Otro punto que lo benefició fue la parálisis de la causa que se atoró entre los tribunales de Tucumán y de la Ciudad de Buenos Aires, las dos ciudades en donde se presentaron las denuncias como donde se sucedieron los hechos de violencia.
Fue la Corte Suprema la que definió en dónde debía tramitarse la causa. En 2021 definió que la investigación y el juicio debían estar en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires.
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