El centro de día Alas, una institución de referencia en la zona sur de Rosario que trabaja desde hace 38 años en la atención de personas con discapacidad, lanzó una alarmante advertencia: si no se regularizan los pagos de las obras sociales y el Gobierno nacional no envía los fondos necesarios, deberá cerrar sus puertas en agosto de este año.
La entidad acumula una deuda superior a los 90 millones de pesos, una asfixia financiera que pone en riesgo directo la contención de 30 jóvenes y adultos. “Si Alas cierra, esas familias quedan solas”, señalaron desde la comisión directiva para alertar sobre el desamparo en el que quedarían decenas de hogares que no cuentan con los recursos para costear este tipo de prestaciones de manera privada.
A través de un comunicado difundido esta semana, las autoridades de la asociación civil fueron categóricas sobre los plazos y las responsabilidades: “Nos quedan aproximadamente dos meses. Esta institución no está en crisis porque gestionó mal. Está en crisis porque el Estado incumplió”, aseguraron.
La situación ya había sido visibilizada a mediados de mayo, cuando el centro denunció públicamente que no percibe fondos desde noviembre de 2025. Según detallaron desde la institución rosarina, el principal cuello de botella está vinculado a los severos retrasos del programa federal Incluir Salud, una cobertura pública administrada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Una situación similiar se dio el mes pasado en Córdoba, donde finalmente la justicia intimó al gobierno a hacer los pagos correspondientes. En ese entonces, el propio Ministerio de Salud reconoció retrasos en los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. Según una nota de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos incorporada a la causa, las demoras obedecen a un "proceso de reordenamiento estructural" y a la incorporación del programa a los mecanismos administrativos de la cartera sanitaria nacional.
De acuerdo con esa explicación, la transición hacia los estándares de gestión de la Administración Pública Nacional habría generado dificultades en la tramitación de pagos, aunque el organismo aseguró que la situación se encuentra "en pleno proceso de regularización" y que no implica una reducción de las prestaciones. Sin embargo, el juez consideró que la continuidad de estas demoras puede derivar en interrupciones de tratamientos y prestaciones indispensables para las personas con discapacidad, con el consecuente riesgo para su salud y desarrollo integral.
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El impacto de un eventual cierre de Alas excede lo estrictamente terapéutico. Ubicado en un sector de alta vulnerabilidad social en territorio rosarino, el centro no solo ofrece tratamientos específicos, sino que garantiza la seguridad alimentaria de sus concurrentes, ya que brinda desayuno, almuerzo y merienda diariamente.
Desde la entidad explicaron al programa De 12 a 14 (El Tres) que durante años lograron sostener un fondo de reserva para contingencias, pero que la prolongada cesación de pagos terminó por agotar toda su capacidad de resistencia financiera.
Milei eliminó la compensación por pasajes gratuitos a personas con discapacidad
A través de la Resolución 28/2026 de la secretaría de Transporte, el gobierno de Milei eliminó formalmente el régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de micros de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos.
Bajo el disfraz de la "simplificación normativa", la gestión libertaria traslada el costo financiero directamente a los privados, en un movimiento que, en la práctica, pone en riesgo la movilidad de miles de ciudadanos que dependen de este beneficio.
La medida deroga un esquema de compensaciones que funcionaba desde 2018 y que permitía que el Estado cubriera parcialmente el costo de los boletos que, por ley, las transportistas deben otorgar sin cargo a personas con discapacidad, trasplantados, pacientes en lista de espera y niños con cáncer.
Para justificar este recorte, el Gobierno se ampara en el Decreto 883/2024, que desreguló el transporte automotor interjurisdiccional. Según la mirada de la secretaría de Transporte, al existir ahora una "libertad tarifaria" que permite a las empresas fijar libremente sus precios y recorridos, la causa estructural que justificaba el subsidio ha sido "superada".
Para la lógica libertaria, los operadores ahora tienen la capacidad de "internalizar dentro de su estructura de costos" las obligaciones legales, una frase técnica que oculta una transferencia de responsabilidades del Estado hacia un sector privado que ya se encuentra en pie de guerra.
Lo más alarmante de esta resolución es que ignora deliberadamente los antecedentes judiciales recientes: en noviembre de 2024, ante la negativa de las empresas de entregar pasajes por la desregulación, la Justicia Federal ordenó que se mantuviera la gratuidad pero exigió explícitamente al Estado que continuara abonando las compensaciones económicas. El fallo del Juzgado Federal número 11 fue tajante al señalar que el Estado debía buscar el mecanismo para compensar a las empresas conforme a la normativa vigente.
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