El representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), Alex Goldman, advirtió sobre un panorama de “gravedad extrema” en el sector, al denunciar que instituciones, transportistas y profesionales enfrentan una situación límite por la falta de actualización de los aranceles regulados por el Estado.
Goldman explicó que los valores permanecen congelados desde diciembre de 2024 y que la reciente suba del 35% anunciada por el Gobierno “llega tarde y resulta insuficiente frente a un atraso superior al 70%”.
El dirigente remarcó que el sistema se sostiene “a pulmón” y que muchas entidades están al borde del cierre. “Los centros de día, los educativos terapéuticos y los hogares están quebrando. El 20% de las instituciones de la provincia de Buenos Aires ya cerraron”, señaló.
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La demora en los pagos agrava el cuadro: los prestadores facturan a mes vencido y cobran recién a los 90 días. “Eso significa que la actualización recién se sentirá entre enero y marzo del año próximo, si es que se concreta”, detalló.
Goldman también puso el foco en la situación de los profesionales, que perciben honorarios irrisorios. “Un terapista o psicólogo recibe 12 mil pesos por sesión. Un transportista, 540 pesos por kilómetro. Así es imposible sostener la atención. Muchos profesionales se van, y las personas con discapacidad quedan sin rehabilitación, sin traslados, sin asistencia”, lamentó.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, es el organismo encargado de regular los aranceles y ejecutar la política pública en la materia. Sin embargo, según Goldman, “no ha dado respuestas” a los reclamos del sector.
“ANDIS debería actualizar los aranceles y aplicar la ley de emergencia en discapacidad, que ya fue promulgada. Lo único que pedimos es que se cumpla la ley”, sostuvo.
Andis: baja masiva de pensiones por discapacidad
Otro de los puntos críticos es la baja masiva de pensiones por discapacidad. “En los últimos meses se dieron de baja más de 1.100 pensiones y el presupuesto 2026 prevé la eliminación de 197.000 más, sin haber sido auditadas. Es absurdo: no se puede dar de baja algo que no se conoce”, advirtió.
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El colectivo de instituciones y prestadores adhirió a un amparo colectivo presentado ante el Juzgado Federal de Campana, que reclama la aplicación inmediata de la ley de emergencia. “Tenemos esperanza en que la Justicia ordene al Estado cumplir con la normativa vigente. No pedimos nada extraordinario, solo que se respeten los derechos de las personas con discapacidad”, concluyó.
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