A cuatro meses de la desaparición de Axel Alejandro González, la Justicia chaqueña pidió aumentar la recompensa vigente por información sobre el paradero del joven de 22 años. En junio, la Justicia había solicitado la intervención del Programa Nacional de Recompensas, momento en que se estableció un monto de $10 millones para quienes puedan brindar datos relevantes sobre el caso.
El nuevo pedido fue realizado por la fiscal provisoria Julieta Arolfo, del Equipo Fiscal N° 14 de Resistencia, mediante una resolución fechada el 11 de septiembre. La Fiscalía considera que, “atento al tiempo transcurrido”, resulta necesario reforzar ese incentivo para promover la aparición de información “útil, veraz y comprobable” que contribuya al esclarecimiento del caso.
Axel fue visto por última vez el 17 de mayo al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su ex novia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.
Mientras persisten los cuestionamientos por el accionar de los agentes de la Comisaría Segunda de Fontana durante los primeros días de búsqueda, la fiscal Arolfó notificó nuevas resoluciones el pasado 1 de septiembre, las cuales contemplan la participación de las partes para garantizar el control de la prueba y el derecho de defensa.
La causa había comenzado con siete detenciones iniciales. Cuatro de los sospechosos fueron liberados en junio y a mediados de agosto, la Justicia dispuso la excarcelación de otros dos imputados (Leonardo Nicolás Silva y Antonio Omar Íñiguez) por falta de pruebas; lo que dejó únicamente a Ramón "Kuno" Gómez, excuñado de Axel, tras las rejas. En paralelo a la detención de "Kuno", su hijo, Sergio “Kunito” Gómez, fue aprehendido hace algunas semanas, aunque por una causa conexa.
La pelea judicial por la misteriosa carta
Al mismo tiempo, volvió a quedar en el centro de la discusión la enigmática carta confeccionada con recortes, encontrada el 28 de julio frente a la Defensoría Oficial N°12. En ella se afirmaba que el joven habría sido arrojado a un horno de ladrillos, contando para ello con la presunta colaboración de efectivos policiales.
Un mes y medio después, los abogados defensores Miguel Ángel Barceló y Macarena Barceló Fogar habían solicitado una audiencia para oponerse a la negativa fiscal de desglosar la carta. Sin embargo, el pasado 11 de septiembre, la jueza subrogante del Juzgado de Garantías N°3, María Belén Chapresto, respondió: “NO HA LUGAR por improcedente”. Además señaló que esa no era la vía idónea para canalizar el cuestionamiento y exhortó a los abogados a formular sus objeciones mediante el mecanismo procesal correspondiente.
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La respuesta de la defensa fue inmediata: interpuso y fundó un recurso de casación contra esa decisión y solicitó su nulidad. Asimismo, en otra presentación pidió anular distintas actuaciones realizadas por la jueza Chapresto, cuestionando la acreditación de su intervención en el expediente.
Los abogados presentaron un escrito de 30 páginas en el que interponen y fundamentan una casación contra el decreto del 11 de septiembre y solicitan su nulidad. Entre sus argumentos sostienen que la resolución que rechazó su pedido carece de fundamentación jurídica suficiente y cuestionan que no se haya indicado concretamente cuál sería, según el Juzgado, la vía procesal que deberían utilizar.
La defensa también sostiene que continúa pendiente de resolución su pedido de nulidad de la incorporación de la carta y cuestiona que se haya resuelto el planteo sobre el desglose mientras esa discusión permanece abierta.