Mientras el gobernador Raúl Jalil celebra "el aumento interanual de las exportaciones de Catamarca", un nuevo informe expone la falta de redistribución de la riqueza provincial a través de la crisis económica que atraviesan las familias de Catamarca. Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la provincia se ubicó en el ranking de las jurisdicciones con mayor taza de morosidad familiar a nivel nacional en la que se alcanza un 20% de deuda en mayo del 2026.
"El incremento del 144,5%" que el mandatario celebró en sus redes sociales no alcanzó para que las familias de la provincias puedan dar respuesta a sus obligaciones financieras que día a días e complican aún más. Sin respuesta por parte de la gestión de Jalil, los trabajadores de la provincia se encuentran aún más expuestos por las políticas libertarias a nivel nacional y la omisión de acción por parte de mandatario provincial.
Estos datos fueron elaborados por la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central quien señaló el incremento de las dificultades de los argentinos para afrontar compromisos financieros, tanto en el sistema bancario como en los proveedores no financieros de crédito. Dentro del universo de deudores a nivel nacional, la mora bancaria se ubicó en 12,3% mientras que en las billeteras virtuales y otros proveedores no financiero trepó al 27,9%.
En este marco, se destaca una vez más el conflicto gremial que atraviesa su jurisdicción como es el conflicto docente que, pese haber acordado la paritaria con una fracción gremial, los trabajadores autoconvocados continúan rechazando la misma por su carácter insuficiente.
Cae su imagen positiva
Pero la situación que atraviesa la provincia no es inocua a las elecciones del 2027. Elaborado por CB Consultora Opinión Pública, el último ranking federal de gobernadores reflejó un deterioro en la imagen del mandatario Raúl Jalil quien pasó del cuarto lugar al duodécimo en apenas cuatro meses.
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El argumento se sostiene por los constantes reclamos salariales de trabajadores estatales y docentes, que durante el año protagonizaron medidas de fuerza y negociaciones paritarias marcadas por el desacuerdo con las propuestas oficiales.
Además se suma el descenso en los indicadores de aprobación desarrolla por la expansión de la actividad minera, especialmente de los proyectos vinculados al litio y al cobre. En distintos puntos de la provincia se multiplicaron los reclamos de organizaciones sociales, comunidades y sectores políticos que exigen mayores controles ambientales y una participación más activa en las decisiones sobre los emprendimientos extractivos.
Una vez más, el modelo de gobierno provincial sostiene el discurso de la exportación y la minería para atraer inversiones, generar empleo e incrementar los ingresos de Catamarca, mientras los distintos sectores cuestionan la fuerte dependencia de ese modelo productivo.
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